Las bandas criminales reclutan estudiantes dentro de las escuelas ecuatorianas: los colegios se convirtieron en territorio de delincuencia organizada
· Por Orenses.com
En Ecuador, donde la violencia ha escalado de manera alarmante, un nuevo frente de crisis ha abierto sus puertas dentro de las instituciones educativas. Los grupos de delincuencia organizada han dejado de operar exclusivamente en las calles para instalar una economía criminal completa dentro de las aulas: reclutamiento de menores, microtráfico, extorsiones y violencia desenfrenada que amenaza no solo a estudiantes, sino también a docentes y directivos.
Desde 2022, cuando los estudiantes regresaron a las clases presenciales tras la pandemia de covid-19, el fenómeno se aceleró. Según un estudio de Unicef de 2025 que encuestó a 157 docentes y trabajadores sociales, el 24% del reclutamiento ocurrió por medio de compañeros de colegio y el 12% a través de jóvenes que aparecen frecuentemente fuera de las escuelas. El Ministerio del Interior reveló que el reclutamiento en planteles ecuatorianos comienza desde los 10 años de edad.
Los números reflejan la magnitud de la crisis. Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Educación ha reportado 8.742 casos de consumo de drogas en instituciones educativas. Entre 2024 y febrero de 2026, se detectaron 27 casos de armas incautadas en colegios. Mientras tanto, los homicidios en el país saltaron de 1.189 casos en 2019 a 9.282 en 2025, y la cifra promedio diaria de asesinatos llegó a 25 personas.
Tres historias ilustran cómo operan estas redes. Ramiro, de 16 años, llegó a Quito con su familia huyendo de la criminalidad en Colombia. Dentro de su colegio, fue reclutado por compañeros de clase que lo invitaban a participar en robos y peleas. Cuando su madre se percató, pidió que completara sus estudios desde casa, donde permanece hasta hoy sin retornar a las aulas. Pablo, de 15 años, fue abordado a la salida de su colegio en el sur de Quito por adultos que lo invitaban a actividades sociales. Poco después, lo convirtieron en "campanero", vigilante de movimientos policiales. Su escuela alertó a su madre tras notar sus ausencias. Marco, quien hoy tiene 20 años e internado en un centro de rehabilitación, recuerda su reclutamiento a los 12 años en Guayaquil. Un hombre lo abordó sin amenazas, sino ofreciéndole "respeto" y pertenencia a una "hermandad". Eventualmente, se convirtió en sicario.
La lógica del reclutamiento ha evolucionado. Hasta 2024, el modelo tradicional era captar adolescentes en barrios y alejarlos de la escuela. Pero a partir de 2025, las estructuras criminales descubrieron que mantener a los menores dentro de los colegios es más rentable. Katherine Herrera, experta en seguridad y reclutamiento de menores, explica que los criminales utilizan técnicas sofisticadas: primero ofrecen dinero, ropa, transporte y favores; luego introducen drogas y crean dependencia; después los comprometen en delitos progresivos como vigilancia, venta de drogas, extorsión y sicariato.
La extorsión estudiantil es moneda corriente. En Manabí, cinco estudiantes ingresaban a un colegio al inicio de 2025 exigiendo a sus compañeros 25 centavos diarios. En el sur de Quito, cuatro adolescentes de 16 y 17 años fueron capturados en julio de 2026 por extorsionar estudiantes, cobrando hasta 200 dólares semanales. Una víctima de 15 años llegó a tener pensamientos suicidas tras las agresiones. Los estudiantes reclutados firman sus tareas con alias criminales, marcando territorio dentro de las instituciones.
La fragmentación de las bandas grandes en grupos más pequeños ha reorganizado el crimen en Ecuador. Estas estructuras descubrieron que los menores son "mano de obra descartable" pero efectiva: pasan desapercibidos, pueden acceder a espacios donde adultos no llegan, y cuando son capturados, la justicia es más benevolente. Las organizaciones criminales aprovechan vulnerabilidades: pobreza, ausencia de adultos referentes, traumas de desplazamiento forzado y acceso a internet sin supervisión.
Pero salir tiene un precio alto. Marco relata: "Una vez que entraste ahí, ya te vieron la cara. Ya saben quién eres, quién es tu familia". La salida implica represalias: disparos contra familiares cercanos, amenazas o muerte. Marco logró escapar cuando asesinaron al que era su jefe criminal. Ramiro enfrentó amenazas tras alejarse y su familia decidió mudarse nuevamente, manteniendo al adolescente en educación virtual permanente.
El Estado ha reconocido el problema pero su respuesta es insuficiente. Cuando estudiantes enfrentan reclutamiento o amenazas, las autoridades educativas frecuentemente los envían a clases virtuales sin supervisión profesional ni seguimiento real. La Ley de Educación no contempla específicamente amenazas por grupos de delincuencia organizada, aunque el 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores.
Mientras tanto, docentes viven bajo terror. Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señala que quienes intentan denunciar reciben amenazas en redes sociales, panfletos intimidatorios e incluso retaliaciones. Entre 2025 y 2026, seis docentes fueron asesinados tras recibir amenazas por extorsiones e intimidaciones. En agosto de 2025, el Ministerio del Interior desarticuló una banda que extorsionaba docentes con operativos con armas de fuego y explosivos, dejando 15 detenidos.
En Guayaquil, docentes de una institución en Balerio Estacio cobran una "cuota de seguridad" de dos dólares mensuales por estudiante. El dinero, registrado en agendas, es entregado al director y luego a miembros de bandas criminales que llegan en motocicleta para retirarlo. Muchos profesores prefieren no ver, no escuchar, no hablar. Como dice Marco: "Es que al profe que se metía le daban vire".
La pandemia aceleró el colapso. Investigadores Diego Paz y Fausto Díaz explican que la virtualidad desprotegió a niños sin acompañamiento de adultos referentes, mientras familias enfrentaban pobreza, escaso acceso a internet y largas jornadas laborales. Las bandas ocuparon ese vacío. Cuando regresaron las clases presenciales, su influencia ya no estaba solo en las calles: los niños llegaban a las aulas con un comportamiento transformado. "Nos encontramos con unos niños distintos", recuerda una funcionaria de Manabí. Ya no jugaban a juegos infantiles; jugaban a "los pistoleros". Llevaban municiones en los bolsillos.
Desde entonces, "el reclutamiento en el sistema educativo tiene un antes y un después", afirma Herrera. La Unión Nacional de Educadores ha pedido declarar en emergencia al sistema educativo. El problema es estructural: no hay política pública eficiente que prevenga el reclutamiento ni proteja a víctimas. Las escuelas ecuatorianas, espacios que debieron ser de oportunidades, se han convertido en territorios donde la delincuencia organizada expande su dominio cada día con mayor fuerza sobre las infancias.