La crisis de vivienda que desaloja a los ancianos: el caso de Maricarmen en Madrid expone la urgencia del problema en España
· Por Orenses.com
A los 87 años, después de vivir siete décadas en el mismo apartamento, Maricarmen fue desalojada de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro el pasado miércoles. Su caso se ha convertido en un símbolo de la gravedad de la crisis habitacional que azota a España, donde los precios de los alquileres se disparan mientras la oferta de viviendas disponibles se desmorona.
Marícarmen ocupaba un piso de 92 metros cuadrados bajo un contrato de renta antigua, aquellos acuerdos firmados durante la dictadura franquista que mantuvieron alquileres históricamente bajos. Pagaba 500 euros mensuales, una cifra muy inferior al precio actual de mercado, especialmente considerando la ubicación privilegiada del inmueble y el tamaño de la propiedad.
La historia comenzó décadas atrás. Su padre firmó el contrato en 1956. A su muerte, la esposa continuó como inquilina; cuando ella falleció en 2005, el derecho pasó a Maricarmen. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que se trataba de una segunda sucesión y que el contrato no podía prolongarse indefinidamente. Esa interpretación legal abrió la puerta a lo que ocurriría después.
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, que dos años después ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros. Ella no pudo asumir el precio. En 2020, Renta Corporacion vendió nuevamente a Urbagestión, la empresa actual propietaria que reclamó inicialmente 2.650 euros mensuales y luego redujo la cifra a 1.650 euros.
Esa última suma superaba por 300 euros la pensión mensual de 1.350 euros que recibe la anciana. Según su abogada, Beatriz Duro, Maricarmen siguió pagando la renta que venía abonando y nunca se negó a colaborar. La empresa, en cambio, defendía que el contrato antiguo había terminado y exigía la actualización de la renta.
Tres intentos fallidos de desahucio precedieron al definitivo. Este miércoles 23 de septiembre, la comisión judicial ejecutó el desalojo. Con dificultades para caminar y viviendo en un sexto piso, Maricarmen salió en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón. Tras una revisión médica, rechazó alojarse en una residencia temporal de la Comunidad de Madrid y se trasladó a casa de familiares.
La escena se convirtió en un acto de protesta masiva. Cientos de personas, entre ellas figuras públicas como el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén, se congregaron frente al edificio para intentar impedir el desalojo. Activistas acamparon la noche anterior, bloquearon el portal y las escaleras, y coreaban consignas como "Maricarmen se queda". La policía acordonó el sector y retiró a manifestantes, registrándose cargas contra algunos activistas que denunciaron golpes y uso de gas pimienta.
En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió paralizar el desahucio mientras examinaba el caso u ofrecer a Maricarmen una alternativa de vivienda adecuada. Incluso una escritora anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros pagados y los 2.650 reclamados, además de cualquier deuda, pero Urbagestión rechazó la propuesta. El Ministerio de Vivienda afirmó también que la entidad pública CASA 47 había ofrecido comprar el piso, oferta que la empresa también rechazó.
El caso de Maricarmen ilumina una crisis más amplia. En Madrid, los precios promedio del alquiler alcanzaron 23,3 euros por metro cuadrado en agosto de 2024, un aumento del 5,1% respecto a un año anterior. Comparado con agosto de 2016, cuando costaba 12,8 euros por metro cuadrado, el incremento acumulado en una década supera el 80 por ciento.
El déficit de oferta es estructural. El Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se construyeron 750.000 viviendas menos de las necesarias. En 2025, se formaron 240.000 hogares nuevos con necesidad de alojamiento, pero solo 92.000 viviendas nuevas se incorporaron al mercado. Esa brecha de más de 148.000 unidades ilustra la presión insostenible entre demanda y oferta.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, describió el desahucio como "un día muy triste y dramático" y señaló las consecuencias de la especulación inmobiliaria. El gobierno de Pedro Sánchez ha culpado repetidamente a las empresas de inversión inmobiliaria. Sin embargo, algunos expertos argumentan que la inseguridad jurídica bajo las leyes actuales disuade a propietarios de poner pisos en alquiler, agravando la escasez.
Marícarmen agradeció emocionada en redes sociales a quienes la apoyaron en "una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero". Su caso, aunque excepcional por la edad y la duración del contrato, refleja una realidad que miles de familias enfrentan en España: la vivienda se ha convertido en un lujo cada vez más inaccesible, donde los derechos de inquilinos como ella chocan contra intereses especulativos sin mediación efectiva del Estado.