Superintendencia de Compañías: cómo 21 liquidadores concentran 500 procesos y generan sospechas de favoritismo y corrupción
· Por Orenses.com
La liquidación de empresas en Ecuador se ha convertido en un negocio concentrado en manos de pocas personas, según una investigación de EXPRESO que documenta cómo más de 500 procesos de disolución están administrados por apenas 21 profesionales designados por la Superintendencia de Compañías.
Esos liquidadores —ingenieros, abogados, economistas y contadores externos a la institución— manejan entre 10 y 80 liquidaciones simultáneamente, una carga que interventores y liquidadores consultados consideran humanamente imposible dada la complejidad de los problemas que requieren atención.
Lo más preocupante es que estas cifras apuntan a un patrón de favoritismo. Desde que Luis Alberto Cabezas-Klaere asumió como superintendente en octubre de 2024, se han entregado más de 300 liquidaciones a un grupo específico de profesionales, dejando fuera a personas con años de experiencia en estos procesos. Entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de agosto de 2025, según registros de la entidad, se concentró la asignación de estos encargos.
Anomalías que alertan a profesionales
Víctores y auditores que aceptaron hablar bajo anonimato han documentado patrones preocupantes. Mencionan rotaciones de liquidadores con resoluciones 'exprés', sin justificación clara, y ventas de activos a precios muy por debajo de su valor real.
Un caso emblemático: una empresa de procesamiento agrícola tenía una finca valuada en más de 2 millones de dólares, incluso con una laguna, pero fue vendida en aproximadamente 600 mil dólares. El dinero recaudado ni siquiera alcanzó a cubrir los haberes de trabajadores y jubilados, que están en primer lugar del orden de pago, porque existían deudas con empresas relacionadas por casi 10 millones de dólares.
Cuando se presentó reclamo ante la banca pública cuestionando el peritaje bajo, la solicitud fue negada.
'Contabilidad creativa' y dinero que desaparece
Los liquidadores entrevistados también denuncian el uso de lo que llaman "contabilidad creativa": la aplicación de normas contables de forma irregular para transferir dinero entre empresas relacionadas, disfrazado de "inversiones". En una extractora de aceite, por ejemplo, había más de 200 mil dólares registrados como inversiones en empresas vinculadas, dinero que ahora se considera "perdido" durante la crisis.
También hay casos donde empresas solicitaron devoluciones de Impuesto a la Renta por 400 mil dólares anuales al Servicio de Rentas Internas, pero se desconoce el destino de esos fondos. Los liquidadores argumentan que fue "capital de trabajo", pero nunca entregaron comprobantes de compras de activos durante años de intervención, según el análisis de facturas hecho por auditores.
El problema de fondo: falta de control
Tanto auditores como interventores coinciden en señalar que la Superintendencia de Compañías carece de capacidad de control real sobre estos procesos. Un servidor público de la institución fue directo: "La Superintendencia se ha convertido en un botín político. Ellos deciden a quién disuelven, a quién liquidan, a quién intervienen. Del mismo modo, a quién le levantan esas medidas".
La preocupación es más profunda porque en El Oro, como en el resto del país, las liquidaciones afectan directamente a trabajadores, jubilados, acreedores y el Estado. Cuando un liquidador designado actúa sin supervisión real, las consecuencias recaen sobre los más vulnerables.
Hasta el cierre de esta edición, el superintendente Cabezas-Klaere no respondió a las solicitudes de entrevista para explicar estos hallazgos.
Esta investigación forma parte de la serie "La argolla del control" y expone un sistema donde la falta de transparencia y la concentración de poder en pocas manos crean condiciones propicias para irregularidades que afectan a miles de ecuatorianos.