Muerte de activista anticorrupción en Montañita obliga a Ecuador a investigación internacional bajo presión de la UE y Polonia
· Por Orenses.com
El gobierno de Ecuador solicitó este jueves la cooperación internacional para esclarecer las circunstancias de la muerte de Monika Silva Koniuszek, una activista polaca hallada sin vida el lunes en su vivienda de Montañita, provincia de Santa Elena, en el suroeste del país.
La muerte de Silva ha generado preocupación a nivel regional e internacional. Un día después de su hallazgo, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que la hipótesis inicial era de un suicidio, señalando que "se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación". Sin embargo, con el avance de los días, tanto la Unión Europea como el gobierno de Polonia han solicitado una investigación "rápida, exhaustiva, independiente y transparente".
Desde la embajada de Polonia en Perú, que cubre también asuntos diplomáticos en Ecuador, se enfatizó que "proporcionar condiciones seguras para el ejercicio de la actividad ciudadana, así como para el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, es obligación esencial de todo Estado de derecho".
¿Quién era Monika Silva?
Silva era presidenta de la Fundación La Integridad, una organización dedicada a la promoción de la transparencia, el control social y la participación ciudadana. En Santa Elena, la activista había denunciado casos de presunta corrupción, conflictos por la propiedad de tierras, irregularidades administrativas y asuntos ambientales. Asimismo, exigía justicia por la muerte de Robinson del Pezo, un periodista comunitario de la provincia que investigaba denuncias vinculadas a supuestas irregularidades en el manejo de terrenos.
En redes sociales, Silva se autodefinía como "activista anticorrupción, defensora de la Pachamama y de los grupos vulnerables". En su perfil escribía: "No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo". La Fundación La Integridad describía su labor así: "Monika ha dedicado sus años a la lucha por la mejora de las condiciones de vida de los pobladores de la zona rural de Santa Elena, gravemente afectados por la pobreza, la desnutrición infantil, el desempleo y la falta de servicios básicos".
Para la organización, la raíz de estos problemas "es la corrupción sistémica y la injusticia arraigada". El periodista Iván Flores, quien conoció a Silva en 2025, afirmó: "Al menos dedicó los últimos 12 años de su vida para hacer un ejercicio de veeduría ciudadana, de activismo ciudadano anticorrupción, porque la península de Santa Elena tiene muchos atractivos turísticos, una naturaleza preciosa y que eso puede ser un sustento de vida para las comunidades. Pero había muchos intereses inmobiliarios que poco a poco fueron alterando la vida y cotidianidad de esas regiones".
Investigación con participación internacional
La Fiscalía ecuatoriana invitó a peritos extranjeros a participar de la investigación para que "aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa y contribuyan al esclarecimiento de los hechos". El Ministerio del Interior respondió: "Nuestro compromiso es contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido".
El martes, decenas de personas participaron en un plantón con velas en la localidad de Manglaralto para exigir justicia por la muerte de la activista. Montañita, donde vivía Silva, es una comuna muy turística de Santa Elena con importante presencia de extranjeros que están de paso o han llegado para vivir.
Contexto de inseguridad en Ecuador
La muerte de Silva se conoció en un mes complicado para el gobierno de Ecuador en términos de seguridad. El 4 de junio, las autoridades de Guayaquil confirmaron que ocho jóvenes desaparecidos desde el 31 de mayo fueron hallados muertos dentro de sacos de yute en una zona rural del litoral. Los cuerpos, cuyas edades oscilaban entre 15 y 31 años, fueron encontrados apilados a un costado de una carretera en la provincia de Los Ríos. Estos jóvenes habían salido ese día en cuatro motocicletas desde la llamada T de Daule con destino a Milagro.
Ese mismo 4 de junio, el jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, general Mauricio Salazar, reconoció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la desaparición y muerte de cuatro menores en 2024: los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Saúl y Steven, conocidos como los 4 de Guayaquil. Los cuerpos aparecieron carbonizados y con señales de tortura en un río cercano a la base aérea de Taura, a 35 kilómetros de la ciudad.
Inicialmente, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición a "grupos delincuenciales". Sin embargo, días después reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares. El jefe de la Fuerza Aérea ofreció disculpas públicas y reconoció la responsabilidad estatal ante las familias de los cuatro menores.
Estos hechos refleja un contexto de violencia y cuestionamientos sobre la protección de derechos fundamentales en Ecuador. La muerte de Silva y la demanda internacional de transparencia en la investigación ponen en relieve la importancia de garantizar condiciones seguras para activistas y defensores de derechos humanos en el país.