De la alcaldía a la cárcel: cómo trece autoridades municipales cayeron por desfalcos millonarios y lavado de activos
· Por Orenses.com
Al menos trece alcaldes y exalcaldes del país han sido procesados en los últimos tres años por supuestos delitos relacionados con su gestión municipal. Entre ellos figuran Aquiles Álvarez (Guayaquil), Vicko Villacís (Esmeraldas), José Arroyo (Pujilí), Darío Macas (Machala), y otros funcionarios que actualmente cumplen prisión preventiva o enfrentan investigaciones en curso por peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.
La gravedad de estos casos refleja un problema institucional profundo: autoridades electas para servir a sus comunidades han sido investigadas por desviar fondos públicos, triangular contratos hacia empresas vinculadas y utilizar estructuras delictivas para lavar activos de origen ilícito.
Los casos más emblemáticos
Aquiles Álvarez, exalcalde de Guayaquil, enfrenta múltiples procesos. En el caso "Triple A" fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión por comercialización irregular de combustibles, con una reparación de más de $61 millones por desvío de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina subsidiada. Además, fue condenado a 3 años por incumplir el uso de un grillete electrónico.
En Machala, Darío Macas fue detenido el 6 de julio tras una denuncia anónima que alertaba sobre direccionamiento de contratos hacia empresas vinculadas con el alcalde. La investigación por enriquecimiento ilícito detectó un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente $6 millones entre 2019 y 2025. Su esposa, Carmen Ch., también fue procesada como cómplice.
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, cumple prisión preventiva investigado por lavado de activos. La Fiscalía indaga una presunta estructura criminal que habría movilizado fondos ilícitos a través de garantías jurisdiccionales cuestionadas. Villacís poseía el 98% de acciones en la compañía Reypezpacific S.A., donde se detectaron movimientos financieros atípicos. El caso también involucra a exjueces y jueces de Esmeraldas.
En Pujilí, José Alcides Arroyo enfrenta proceso por peculado junto a 16 personas más. Se investiga una red que desviaba fondos públicos para obras que previamente habían sido ejecutadas por trabajadores municipales como "donaciones" de campaña, para luego simular concursos públicos y pagarlas con recursos municipales. Entre las obras está la adquisición de esculturas y plantas por $340.664,26.
Otros casos significativos
Cristian Zamora, alcalde suspendido de Cuenca, es investigado por enriquecimiento ilícito y peculado. La Contraloría detectó $7,6 millones en acreditaciones bancarias sin justificar entre enero de 2020 y mayo de 2025. También enfrenta denuncias por irregularidades en construcción de hospitales municipales por más de $2,4 millones. Actualmente se encuentra en México.
Ángela Plúa, alias "La Jefa", alcaldesa de Jipijapa, fue investigada por delincuencia organizada. Supuestamente lideraba una red que emitía documentos de tránsito irregularmente, cobrando sobornos de 00 a 50 por trámite. El daño al Estado fue estimado en $5 millones.
Juan Alfonso Montalván, alcalde de Vinces, fue detenido el 28 de octubre junto a miembros de su familia. Se investiga una estructura para lavar activos que habría movido $3,2 millones. El Ministerio del Interior detectó vínculos financieros con investigados por narcotráfico y tráfico ilícito de armas.
En El Tambo, Cañar, René Castillo fue detenido por irregularidades en venta de boletos para concierto, generando perjuicio de $49.545.
Sentencias ejecutoriadas
Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes de Durán, fueron sentenciados a 13 años de prisión en enero de este año por peculado en contratos de agua potable. Narváez fue deportado de Colombia en enero de 2025 y está cumpliendo prisión. Arce permanece prófuga.
Cergio Ayuy, exalcalde de Taisha, fue sentenciado a 17 años y 4 meses por peculado en octubre pasado, y a 7 años por enriquecimiento ilícito en julio.
Implicaciones institucionales
Estos procesos reflejan un patrón: la captura de fondos públicos mediante direccionamiento de contratos, simulación de procesos de contratación, uso de empresas de papel y estructuras criminales para lavar activos. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) han jugado roles clave en las investigaciones.
Algunos casos permanecen en etapa de instrucción fiscal; otros ya tienen sentencias ejecutoriadas o están en apelación. La Asamblea Nacional también analiza la actuación de estos funcionarios. Las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades definitivas y alcances completos de las presuntas redes de corrupción.