Justicia condena a Abdalá Bucaram a 9 años y 4 meses por trama de corrupción en venta ilegal de pruebas COVID-19
· Por Orenses.com
La Justicia ecuatoriana sentenció a 9 años y 4 meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley como colaboradores del delito de delincuencia organizada en el marco del Caso Pruebas COVID-19, una trama que expone cómo la emergencia sanitaria fue aprovechada para enriquecimiento ilegal, corrupción de funcionarios públicos y, según las investigaciones, hasta homicidio.
La estructura criminal operó con la participación activa de agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, quienes utilizaron patrullas oficiales y la infraestructura institucional para trasladar y custodiar cargamentos ilegales que incluían más de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y miles de mascarillas. Leandro B., agente de la AMT, fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel como autor directo del entramado.
El caso tomó dimensión internacional con la detención de dos ciudadanos israelíes, Shy Dahan y Sheinman Oren, en Santa Elena. Ambos fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral después de portar credenciales diplomáticas falsas. En agosto de 2020, Dahan fue asesinado a golpes dentro de su celda. Oren sobrevivió con heridas graves y se convirtió en cooperador eficaz.
La pieza procesal más contundente fue un conjunto de siete grabaciones de audio, sumando más de 44 minutos, que Dahan registró en secreto desde prisión antes de su muerte. En esas grabaciones, se escucha al exmandatario ofrecerle seguridad y respaldo legal a cambio de silencio: "Tú eres inteligente. Tú me das la mano, yo te doy la mano... yo mantengo mi palabra, que en el tribunal te saco". En uno de los audios más tensos, Dahan acusó a Bucaram de intentar asesinarlo mediante una clave secreta: "Tú me hiciste trampa, me mandaste a matar... Ellos han dicho el código Masim Massare".
La transacción ilegal principal ocurrió en Guayaquil: los israelíes vendieron las pruebas diagnósticas a Jacobo Bucaram por 321.600 dólares en efectivo, entregados en una caja de cartón en la vivienda del procesado.
La sentencia llega tras seis intentos fallidos de reinstalación del juicio por recursos de la defensa y argumentos de salud. La condena pone fin al juzgamiento de una de las mayores tramas de corrupción ligadas a la crisis sanitaria en Ecuador, evidenciando cómo instituciones públicas y funcionarios de poder fueron cooptados para negocios ilícitos mientras el país enfrentaba la pandemia.