ADN arrebata la fiscalización del Consejo de la Judicatura al correísmo en maniobra legislativa exprés
· Por Orenses.com
La bancada oficialista ejecutó una maniobra política en cuestión de horas para quedarse con el control de la fiscalización sobre la resolución del Consejo de la Judicatura que ordena la supresión de las unidades anticorrupción, quitándole el proceso al correísmo que ya lo tramitaba.
Todo ocurrió el jueves 16 de septiembre. Por la mañana, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), aseguró no ver motivos para iniciar una fiscalización sobre la resolución de la Judicatura. Por la tarde, el asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) planteó la necesidad de hacerlo y Mancheno emitió su voto para que la Comisión de Justicia, controlada por el oficialismo y presidida por Rosa Torres (ADN), asumiera el proceso.
"Es el Pleno el que debe determinar el cauce institucional de una fiscalización", argumentó Ordóñez en el debate. Agregó que la Ley de la Función Legislativa determina que la Comisión de Justicia debe conocer los asuntos en el ámbito jurisdiccional en todas sus materias.
La decisión se tomó después de que la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, hubiera aprobado el mismo jueves el inicio de la fiscalización. La asambleísta Verónica Íñiguez, presidenta de esa comisión, argumentó que según el artículo 26 de la ley, cuando una comisión previene el conocimiento de un proceso de fiscalización, ninguna otra puede requerir la comparecencia de autoridades sobre el mismo asunto. Sin embargo, la mayoría oficialista en el Pleno se impuso.
Íñiguez señaló que ADN había utilizado este mismo mecanismo anteriormente. Citó el caso de la fiscalización sobre Progen, que fue trasladada de Garantías Constitucionales a la Comisión de Transparencia después de iniciado el proceso.
Desde el Partido Social Cristiano, el legislador Alfredo Serrano criticó que una resolución no podía modificar una normativa establecida por ley, denunciando una vulneración a las facultades de la Asamblea.
El contexto revela un interés político del Gobierno de Daniel Noboa en esta fiscalización. La administración fue clave en la llegada de Mercedes Caicedo a la presidencia de la Judicatura. El entonces ministro del Trabajo, Harold Burbano, hoy candidato a la Alcaldía de Quito, defendió la prohibición para que Alexandra Villacís asumiera el cargo, a pesar de una sentencia que ordenaba levantarla. Mientras Villacís estaba inhabilitada, el CPCCS avanzó en la designación de Caicedo.
Por su parte, el correísmo ha manifestado que continuará con la fiscalización, aunque sin claridad sobre cómo lo hará. La asambleísta Viviana Veloz (RC) recordó: "Con Godoy hicieron lo mismo. Lo enviaron a la Comisión de Justicia bajo el supuesto de una fiscalización. El resultado real llegó con el juicio político, porque de aquella supuesta fiscalización hasta hoy no hay ni informe ni resultados".
La disputa refleja una nueva batalla política en la Asamblea Nacional, ahora enfocada en controlar qué comisión juzgará la controvertida resolución de la Judicatura sobre las unidades anticorrupción. El tema también ha llegado a la Corte Constitucional, donde se tramita una demanda relacionada.