Asamblea Nacional debate Ley Antimafias con penas de hasta 30 años y sanciones a abogados defensores
· Por Orenses.com
La Asamblea Nacional iniciará este 27 de agosto de 2026 el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación Productiva y Territorial Frente al Crimen Organizado, una normativa impulsada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, que plantea reformas significativas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para enfrentar la estructura financiera y operativa del crimen organizado en Ecuador.
El proyecto propone incrementar la condena base de 22 a 26 años de privación de libertad para quienes constituyan u organicen grupos de tres o más personas con fines económicos ilícitos. Las penas alcanzan 30 años en casos agravados, como terrorismo, sicariato, minería ilegal, trata de personas o lavado de activos.
Entre las innovaciones más controvertidas figuran:
— Sanciones a colaboradores externos: Penas de 10 a 13 años para quienes, sin pertenecer a la estructura delictiva, faciliten asesoría financiera, tecnológica o contable a redes criminales.
— Inhabilitación profesional: Pérdida de licencia profesional para abogados con sentencias ejecutoriadas por colaboración con crimen organizado.
— Uso de bienes incautados: Autorización al Estado para usar temporalmente propiedades y vehículos confiscados antes de una resolución judicial definitiva.
Miembros de Acción Democrática Nacional (ADN) justificaron el endurecimiento penal como herramienta para dotar al Estado de facultades coercitivas ágiles. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, atribuyó el fortalecimiento del narcotráfico a la permisividad de administraciones previas.
Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC), que señaló reparos técnicos. El asambleísta Gerardo Machado advirtió sobre tipos penales abiertos que generan interpretaciones contradictorias en el sistema judicial, alertando sobre "populismo penal" por incrementos desproporcionados de condenas. También cuestionó la prisión preventiva sin hechos individualizados y alertó sobre riesgos de politización en disposiciones sobre sustracción de hidrocarburos.
Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) solicitó eliminar el límite de acumulación de 40 años, permitiendo la sumatoria total de penas individuales por cada delito.
El proyecto retornará a la Comisión de Seguridad para estructurar el informe vinculante que sustente el segundo debate. Para El Oro, esta normativa representa un fortalecimiento del marco legal en la lucha contra el crimen organizado, tema que afecta directamente a la seguridad provincial y la economía lícita regional.