Ecuador en estado de excepción permanente: 24 decretos en 32 meses de Gobierno Noboa
· Por Orenses.com
Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia en noviembre de 2023, Ecuador ha vivido en una sucesión casi permanente de estados de excepción. Entre enero de 2024 y agosto de 2026, el Gobierno ha emitido 24 decretos relacionados con esta medida extraordinaria, marcando un patrón de gobernanza centrado en medidas de emergencia que afecta directamente a los ciudadanos y las provincias, incluida El Oro.
La inseguridad ha sido el principal argumento detrás de estas declaratorias. De los 24 decretos emitidos, 20 tuvieron como justificación la violencia y las amenazas a la seguridad interna. Los restantes cuatro se distribuyeron entre protestas sociales (3) y crisis energética (1).
La intensidad de estas medidas ha aumentado progresivamente. En 2024 se decretaron 9 estados de excepción; en 2025, la cifra se elevó a 12; y hasta agosto de 2026 se han sumado 3 más. El último decreto, firmado el 14 de agosto de 2026, renovó por otros 30 días el estado de excepción en 10 provincias y tres cantones específicos, incluyendo a El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal.
Esta medida original fue declarada el 16 de junio de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 423, con una vigencia inicial de 60 días.
Anteesta realidad de emergencia permanente, la Asamblea Nacional ha buscado ampliar las herramientas del Estado. El 25 de agosto de 2026, con 83 votos, aprobó la Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Esta iniciativa, impulsada por la asambleísta Inés Alarcón, establece las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en tareas de seguridad sin necesidad de declarar un estado de excepción.
Alarcón fundamentó su propuesta señalando que la lucha contra el crimen organizado "no debe depender exclusivamente de medidas extraordinarias" y que "el Estado necesita herramientas dentro de un régimen ordinario". La aprobación de esta ley representa un cambio de estrategia: reconoce que la inseguridad requiere respuestas sostenidas del Estado, no solo medidas temporales y excepcionales.
Para los ciudadanos de El Oro y el resto del país, esta realidad significa vivir bajo restricciones recurrentes, toques de queda, presencia militar en calles y cambios en protocolos de movilidad y comercio. La pregunta central es si esta estrategia ha logrado reducir efectivamente la criminalidad o si la seguridad requiere abordajes complementarios a largo plazo.