Siete alcaldes y exalcaldes enfrentan procesos penales por delitos que suman cerca de 200 millones de dólares
· Por Orenses.com
La Fiscalía General del Estado ha informado que siete alcaldes y exalcaldes del país enfrentan procesos penales por presuntos delitos que involucran investigaciones sobre aproximadamente 200 millones de dólares. Los casos incluyen desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito y peculado, afectando municipios de diversas provincias.
Uno de los casos más complejos es el de Elías Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez en Azuay, investigado por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, Bermeo y cinco personas más integraron una red que introdujo más de nueve millones de dólares al sistema financiero, presuntamente proveniente de actividades vinculadas con minería ilegal y distribución de explosivos. El exalcalde ha solicitado una audiencia de apelación programada para septiembre de 2026.
En Esmeraldas, Vicko Villacís, quien era alcalde al momento de los hechos, junto con otras siete personas, es procesado por presunto lavado de activos. La investigación identificó una estructura que habría obtenido y aprovechado indebidamente 7.5 millones de dólares mediante empresas fachada y acciones judiciales presuntamente manipuladas.
En Machala, el alcalde Darío Macas enfrenta proceso por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía detectó un presunto direccionamiento de contratos municipales hacia empresas vinculadas con el funcionario, con un incremento patrimonial injustificado de aproximadamente seis millones de dólares. Su esposa también es investigada en esta causa.
Otros casos incluyen al alcalde de Pujilí, José Arroyo, y 17 funcionarios procesados por presunto peculado en adjudicación irregular de contratos de obras públicas por más de 300.000 dólares. En El Tambo, René Castillo y dos personas más enfrentan proceso por presunto peculado relacionado con la organización de un concierto que ocasionó un perjuicio de casi 50.000 dólares.
En Jipijapa, Ángela Plúa y nueve personas más son procesadas por presunta delincuencia organizada, tras integrarse en una estructura dedicada a la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas y documentos de tránsito.
El caso más grave es el de Guayaquil, donde Aquiles Alvarez enfrenta dos procesos penales: uno por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos con un perjuicio estimado de 61.5 millones de dólares, y otro por lavado de activos con un monto de aproximadamente 100 millones de dólares.
La Fiscalía enfatiza que el total de rubros bajo investigación representa cerca de 200 millones de dólares que habrían sido desviados o mal utilizados en detrimento del Estado y las comunidades locales. Estos procesos reflejan una preocupante tendencia de corrupción en administraciones municipales de diferentes regiones del país.