Caso Progen: nueve nuevos funcionarios vinculados por presunto peculado en crisis eléctrica de USD 100 millones
· Por Orenses.com
La Fiscalía General del Estado solicitó vincular a nueve funcionarios más al caso Progen, elevando a 30 el total de procesados por presunto peculado en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Las nuevas vinculaciones, sin embargo, se concentran en mandos medios y asesores técnicos y jurídicos del sector eléctrico, sin alcanzar a las altas autoridades de los ministerios investigados.
La investigación indaga la contratación de generadores térmicos con la firma estadounidense Progen en las centrales de Salitral y Quevedo durante la crisis energética de 2024, que obligó al país a sufrir apagones sin precedentes. El presunto perjuicio derivado de estos contratos supera los USD 100 millones por pagos de equipos obsoletos.
Entre los nueve nuevos investigados destaca Cristhian Andrés Dahik Quijano, quien fungió como subgerente jurídico de la Unidad de Negocio Termopichincha de Celec entre junio y septiembre de 2024. La Fiscalía presume su participación en la redacción y aprobación de los contratos de emergencia con Progen, especialmente los identificados como TPI-CON-0062-24 (Salitral) y TPI-CON-0067-24 (Quevedo). Según el expediente, estos documentos omitían cláusulas de domiciliación legal y carecían de cronogramas de multas.
Marlon Iván Casilla Hernández, administrador del contrato emergente de Salitral, es investigado por procesar la solicitud de pago del primer hito contractual por USD 69,5 millones, equivalente al 70% del valor total. La Fiscalía indaga si contaba con la competencia legal para autorizar este desembolso millonario. Registros migratorios muestran que Casilla viajó a Houston, Estados Unidos, entre el 18 y 23 de septiembre de 2024 para inspeccionar unidades de generación en las instalaciones de Progen, viaje que realizó junto a Roberto Luque, entonces ministro de Energía.
También se vinculó a Luis Javier Ugsha Guanotasig, supervisor de operación de Celec y administrador de Salitral, quien presentó desistimiento el 4 de agosto por problemas familiares. José Luis Sampietro Saquicela, administrador del contrato de Quevedo desde septiembre hasta diciembre de 2024, fue relevado por problemas administrativos, incluyendo falta de aprobación de cronogramas. Marcos Alberto Guerrero Bravo asumió la administración de Quevedo en diciembre y, según documentos, validó verificaciones técnicas en fábrica de unidades generadoras.
Daniela Piedad Gordillo Ramírez, especialista en asesoría legal, asumió funciones el 13 de septiembre de 2024 en Termopichincha e intervino en la etapa de ejecución de ambos contratos. José Xavier Aimara Guaita, exdirector de planificación y desarrollo de proyectos de Celec, es investigado por su rol precontractual: elaboró y aprobó el 10 de junio de 2024 el Informe Técnico Económico que respaldó la declaratoria de emergencia.
En el Ministerio de Energía, se investiga a Peter Christian Dreher Pozo, asesor entre mayo y octubre de 2024, y a José Manuel de Oliveira Allu, excoordinador general jurídico, por presunta influencia en decisiones contractuales y validación de idoneidad técnica y legal de Progen. En su declaración, de Oliveira Allu negó haber integrado comisiones o procesos de contratación.
La audiencia de vinculación está programada para el lunes 24 de agosto a las 14:00. El cierre de la instrucción fiscal se ha ampliado 30 días adicionales, permitiendo incorporar nuevos elementos al expediente que ya supera las 17.000 páginas. Aunque la investigación ha crecido en cobertura, aún no involucra a las máximas autoridades de los ministerios investigados, manteniéndose enfocada en niveles técnicos y de asesoría.