Fiscalía investiga movimientos financieros de exreina de Guayaquil vinculados con Aquiles Álvarez
· Por Orenses.com
Una investigación por presunto lavado de activos puso bajo análisis las operaciones financieras de una exreina de Guayaquil y su círculo familiar, generando cargos contra dos de sus hermanos y exponiendo vínculos económicos y laborales con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
En audiencia realizada el 5 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado formalizó cargos contra Farid Antuan Dieb Bergher y David Aarón Dieb Bergher. Durante la diligencia, se expusieron movimientos económicos que vincularían a Navila Dieb, la exsoberana, con el alcalde capitalino y con la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petróleo S.A.
¿Por qué importa para El Oro? Aunque el caso involucra a actores guayaquileños, los vínculos con la administración municipal de la capital afectan la transparencia pública y la percepción de gestión en el país, temas que impactan el contexto nacional.
La investigación aún se encuentra en etapa de instrucción fiscal, por lo que los elementos presentados deben ser contrastados y verificados. La formulación de cargos y las medidas cautelares no constituyen sentencia ni determinan culpabilidad.
El reporte que abrió la puerta de la investigación
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROIII) que dio paso al expediente, con Navila Dieb como persona inicialmente reportada.
Según la exposición fiscal, entre 2020 y 2025 la exreina habría recibido más de ,2 millones dentro del sistema financiero. Este monto contrasta significativamente con ingresos declarados cercanos a 85.795. Entre las transacciones revisadas se encontraron aproximadamente $590.352 en depósitos en efectivo cuyo respaldo económico no ha sido identificado hasta esta fase del caso.
El análisis también incluyó depósitos de personas cercanas: la madre de la exreina depositó $307.600; su padrastro, cerca de 08.877; David Aarón Dieb, alrededor de $94.598; y Farid Antuan Dieb, aproximadamente $21.776. Estos valores forman parte de los indicios que deberán ser verificados durante el proceso.
Relación laboral y financiera con Aquiles Álvarez
Uno de los apartados centrales examina los vínculos entre Navila Dieb y el alcalde Álvarez. Fiscalía señaló que en mayo de 2023, Álvarez creó la dependencia municipal de Eventos Especiales y Promoción Cívica, en la que la exreina fue designada subdirectora. Posteriormente, en octubre de 2023, ella obtuvo una tecnología en Administración, varios meses después de su nombramiento.
La UAFE identificó 18 viajes al exterior realizados por la exreina y revisó coincidencias de fechas y destinos con el alcalde. El expediente menciona desplazamientos a Argentina en marzo de 2023 y a México en marzo de 2024, aunque ambos viajaron en vuelos diferentes.
Fiscalía incorporó cinco facturas emitidas en 2023 por concepto de material promocional. Se habló de $44.642,82 facturados y de transferencias posteriores desde cuentas de Álvarez que sumarían $53.450.
Operaciones empresariales bajo lupa
Terminal Naviero Petrolero Ternape Petróleo S.A. también fue examinada. La compañía reportó una facturación de $49.750 en 2022, mientras que operaciones posteriores alcanzaron aproximadamente $53.931.
El expediente incluye transacciones entre David Aarón Dieb y Aquiles Álvarez. La acusación señaló que el alcalde entregó un cheque por $26.250 en 2020 y que en 2021, David transfirió $37.500. La defensa argumentó que estas operaciones guardaban relación con una denuncia por estafa que terminó en conciliación, explicación que será examinada durante la investigación.
Medidas cautelares y continuidad del proceso
El juez determinó que los elementos presentados por Fiscalía superaban el nivel de sospecha inicial requerido y ordenó prisión preventiva contra Farid Antuan y David Aarón Dieb. El magistrado aclaró que la medida cautelar no representa declaración de culpabilidad ni implica que se haya demostrado definitivamente un origen ilícito de los fondos.
Los procesados conservan su estado de inocencia mientras no exista sentencia ejecutoriada en su contra. La investigación continuará durante la instrucción fiscal, periodo en el que acusación y defensas podrán incorporar nuevos elementos.