Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, condenado a tres años de cárcel por incumplimiento de vigilancia electrónica
· Por Orenses.com
El Tribunal de Durán sentenció este lunes 3 de agosto de 2026 al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a tres años de cárcel por incumplimiento de una medida judicial en el denominado caso Grillete. La condena incluye además una multa equivalente a 10 salarios básicos y el pago de disculpas públicas.
La sentencia se emitió tras declarar culpable al funcionario por no portar el dispositivo de vigilancia electrónica cuando estaba obligado a hacerlo. La decisión llegó después de que el tribunal analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa durante la etapa de juzgamiento.
La Fiscalía argumentó que Álvarez incumplió una disposición legítima de autoridad competente al no usar el grillete electrónico. La acusación se centró en las circunstancias de febrero pasado, cuando el alcalde fue detenido en el marco del caso Goleada y fue encontrado sin el dispositivo de vigilancia.
Según explicó la presidenta del Tribunal, hubo tres testimonios concordantes de personas que vieron el equipo fuera del tobillo de Álvarez, cargándose cerca de la cama, sin autorización para su retiro.
La defensa presentó una versión diferente de los hechos. Los abogados de Álvarez negaron que el alcalde haya actuado deliberadamente para incumplir la orden judicial. Explicaron que Álvarez utilizó dos equipos durante el período de vigilancia, siendo necesario el reemplazo del primero debido a fallas de conexión.
Además, la defensa destacó que el día de la detención, el dispositivo no emitió ninguna alerta de pulsera quitada. También presentaron pruebas de que Álvarez cumplió con sus presentaciones periódicas obligatorias y que atendió todas las alertas emitidas por el grillete, argumentando que esto demostraba su intención de cumplir con la medida y no de evadir la vigilancia.
Esta condena marca un hito en los procesos judiciales que enfrenta el funcionario municipal, quien ya estaba bajo medidas cautelares previas. El caso refleja la complejidad de los procesos de vigilancia electrónica en Ecuador y las interpretaciones divergentes entre la acusación y la defensa sobre lo que constituye incumplimiento deliberado de una orden judicial.
Ahora queda por definirse si Álvarez ejercerá su derecho a apelar la sentencia ante instancias superiores.