Seis autoridades municipales en prisión: el escándalo de corrupción que sacude gobiernos locales de Ecuador
· Por Orenses.com
En menos de un año, Ecuador ha visto un fenómeno sin precedentes: seis autoridades municipales —cinco alcaldes en funciones y un exalcalde— han sido detenidas y enviadas a prisión preventiva mientras enfrentan investigaciones por delitos que van desde peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, hasta lavado de activos y tráfico de combustibles.
Esta crisis de corrupción municipal afecta directamente a El Oro, donde Darío Macas, alcalde de Machala, fue detenido el 6 de julio de 2026, y Elías Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, fue capturado el 28 de julio. Ambos permanecen en centros penitenciarios enfrentando serios cargos que revelan estructuras de corrupción enquistadas en gobiernos locales del país.
El caso orense: Darío Macas y el Machalazo
Darío Macas llegó a la Alcaldía de Machala por el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5), en alianza con el movimiento local PLAN. Su detención el 6 de julio desencadenó el operativo denominado Machalazo, tras allanamientos que revelaron presuntas irregularidades en contratos municipales y direccionamiento hacia empresas de papel vinculadas al alcalde.
La investigación comenzó por una denuncia anónima que alertó sobre estas anomalías. Inicialmente, la Fiscalía abrió investigación por peculado, pero posteriormente reformuló el caso por presunto enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, entre 2019 y 2025, el patrimonio del alcalde habría aumentado aproximadamente 6 millones de dólares. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó un incremento del 74 % en sus ingresos desde que asumió la alcaldía, además de depósitos en efectivo que responderían a un patrón orientado a reducir la trazabilidad de recursos.
Un juez ordenó prisión preventiva dos días después de su captura, y Macas fue trasladado al CPL Cotopaxi n.º 1. La instrucción fiscal fue fijada en 90 días, lo que significa que la investigación continúa recopilando elementos de prueba.
Elías Bermeo y la minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez
El exalcalde Elías Bermeo fue capturado el 28 de julio durante el operativo B. B., ejecutado por Fiscalía y Policía en Azuay y El Oro. Bermeo militó en Alianza PAIS, fue electo en 2019 por Juntos Podemos y era precandidato de Centro Democrático para las próximas elecciones seccionales.
La Fiscalía lo procesa por lavado de activos. La investigación se originó tras un informe de la UAFE que detectó operaciones inusuales entre 2023 y 2025. Según la entidad, la organización habría movilizado más de 9 millones de dólares provenientes de minería ilegal y distribución de explosivos.
Bermeo, a través de una empresa de su propiedad, habría realizado actividades de minería ilegal con facturación irregular y exportaciones de oro sin sustento sobre su origen. Más grave aún: registró ingresos superiores a 377.000 dólares, pero solo declaró 19.000 dólares al SRI. Un juez dictó prisión preventiva, y actualmente permanece en el CPL Santa Elena n.º 1 (Cárcel del Encuentro), mientras su defensa busca revocar la medida.
Un panorama nacional alarmante
En el resto del país, otros alcaldes enfrentan situaciones similares. Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa (Manabí), fue detenida el 25 de junio por delincuencia organizada. La investigación reveló que una red de funcionarios públicos manipulaba la emisión de licencias de conducir, matrículas y revisiones técnicas, cobrando entre 100 y 150 dólares para agilizar trámites.
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue detenido el 3 de junio por presunto lavado de activos. La Fiscalía sostiene que lideró una estructura que utilizó acciones de protección irregulares para obligar a Petroecuador a realizar pagos millonarios, desviando aproximadamente 17 millones de dólares.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, detenido el 10 de febrero de 2026, enfrenta tres procesos simultáneos: Triple A (comercialización ilegal de combustibles subsidiados con un desvío de 22 millones de galones); Goleada (delincuencia organizada y lavado de activos); y Grillete (incumplimiento de medidas cautelares). El perjuicio estimado al Estado supera los 61 millones de dólares solo en el caso de combustibles.
José Arroyo, alcalde de Pujilí, fue detenido el 7 de agosto de 2025 por peculado dentro del caso Ornato Municipal, donde se investigaba adjudicación irregular de contratos de obras públicas.
Esta crisis de corrupción municipal golpea directamente a la provincia. Las detenciones de Macas y Bermeo demuestran que las estructuras de lavado de activos, minería ilegal y desviación de recursos no respetan límites administrativos. El impacto es doble: erosiona la confianza en las instituciones locales y desvia recursos que deberían destinarse a servicios públicos.
Además, estas investigaciones revelan patrones similares: manipulación de UAFE, SRI y contratos públicos; depósitos en efectivo para reducir trazabilidad; y empresas fantasma como vehículos para lavar dinero. Esto sugiere estructuras coordinadas de corrupción que trascienden gobiernos municipales individuales.
Mientras estas autoridades permanecen en prisión preventiva y avanzan los procesos judiciales, la pregunta que inquieta a los orenses es inevitable: ¿cuántas más de estas prácticas siguen operando en gobiernos locales sin ser detectadas?