Noboa adoptó el modelo Bukele contra la inseguridad en Ecuador, pero la violencia aumentó 30% en 2025
· Por Orenses.com
Desde que Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024 e implementó medidas inspiradas en la estrategia de Nayib Bukele en El Salvador, Ecuador ha experimentado resultados contradictorios: mientras la militarización logró reducir temporalmente la violencia carcelaria, el país vivió en 2025 uno de sus años más mortales con 9.216 homicidios, cifra que representa un incremento del 30,48% respecto a 2024.
La Fiscalía General del Estado registró avances puntuales como un descenso del 40% en denuncias de extorsión y una disminución ligera en denuncias de secuestro. Sin embargo, estos logros parciales quedan oscurecidos por el récord histórico de muertes violentas que evidencia los límites de replicar el modelo salvadoreño en Ecuador.
El modelo importado
El gobierno de Noboa adoptó varios elementos de la estrategia Bukele: militarización de la seguridad pública, construcción de megacárceles, extensión de estados de excepción y despliegue masivo de fuerzas de seguridad en territorios controlados por el crimen. En diciembre de 2025, el presidente justificó estas medidas como necesarias para "mirar de frente al narcoterrorismo".
Sin embargo, académicos y expertos cuestionan la viabilidad de esta importación. Luis Córdova, investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos de la Universidad Central del Ecuador, señala que Ecuador ha asimilado principalmente la "estética" de la guerra contra el crimen de Bukele, mostrando criminales encarcelados "peor que animales" mientras los ciudadanos "que se portan bien" son libres.
Karen Sichel, investigadora doctoral en Criminología de la Universidad de Cambridge, advierte sobre las diferencias fundamentales: "Las pandillas de El Salvador eran de una naturaleza completamente distinta al crimen transnacional de los nodos de cocaína en el mercado global que pasa en Ecuador con un financiamiento infinito". El propio Noboa reconoció en abril de este año que enfrentan "mafias que mueven decenas de miles de millones de dólares al año".
Las diferencias geográficas también son críticas. El Salvador es aproximadamente 13 veces menor que Ecuador y predominantemente urbano. Ecuador, en cambio, presenta cuatro regiones con amplia diversidad geográfica y demográfica, zonas de difícil acceso y fronteras porosas que facilitan actividades ilícitas. La Amazonía se ha convertido en enclave estratégico para el crimen organizado.
Un enemigo fragmentado y expansivo
A diferencia de las estructuras jerárquicas de las pandillas salvadoreñas, el crimen organizado ecuatoriano es "más desorganizado y caótico", según analistas como Adam Isacson y John Walsh. Esto dificulta significativamente su combate.
La caída de cabecillas, alianzas constantes y enfrentamientos han fragmentado las redes criminales hasta tal punto que cuando Noboa asumió su segundo mandato en mayo de 2025, ACLED (organización especializada en conflictos armados) publicó un informe titulado: "Noboa declaró la guerra a 22 grupos criminales en Ecuador. En su nuevo mandato, se enfrenta a muchos más".
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado documenta cómo los grupos criminales diversificaron sus delitos más allá del narcotráfico: minería ilegal, tráfico de personas y armas, lavado de activos y extorsión. Aunque el 80% de la violencia se concentra en provincias costeras, la expansión hacia el interior ha alcanzado más de 150 de los 222 cantones ecuatorianos.
La complicidad sistémica
Para Sichel, el problema excede la capacidad del gobierno porque solo entiende al crimen como "enemigo que hay que matar", cuando la realidad es más compleja: "El crimen organizado no llegaría a estos niveles si la sociedad no colaborara con él; esto incluye políticos, servidores públicos, jueces, fiscales, abogados, notarios, contadores y personas de temas inmobiliarios".
El lavado de activos es el corazón de esta penetración. Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, lo describe como "el motor estratégico que valida y perpetúa los encadenamientos de mercados ilícitos". El delito permea sectores legales como mercado automotriz, bienes inmuebles, agricultura y pesca a través de "facilitadores profesionales": abogados, notarios y contadores educados y respetables que blanquean dinero del narcotráfico.
La desaceleración económica desde 2023 y el deterioro social han abierto espacios para que las economías ilícitas reemplacen fuentes de empleo lícitas. Roberto Andrade, exdirector de la UAFE, destaca que "la corrupción es transversal y permite, junto al lavado de activos, que estos crímenes ilícitos tengan lugar".
Seguridad privatizada y derechos en riesgo
El 83,4% de los 29.305 homicidios acumulados entre 2020 y junio de 2025 fueron cometidos con armas de fuego. En abril de 2023, el gobierno permitió porte e importación de armas y que guardias privados armados apoyaran a la policía, iniciando lo que Carla Álvarez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, describe como "lógica de privatización de la seguridad".
Álvarez advierte que esto transformó la seguridad de bien público en privilegio particular: "Si tienes arma o pagas seguridad privada, te proteges; si no, no". Algunas empresas de seguridad privada cayeron en manos de cabecillas criminales, facilitando desvío de armas al mercado ilegal.
Presiones a instituciones y derechos
Como Bukele, Noboa enfrentó críticas de la Corte Constitucional, que dictaminó que la situación no cumplía criterios de conflicto armado interno. También ha tensionado relaciones con defensores de derechos humanos y prensa.
Billy Navarrete, presidente de la CDH en Guayaquil, reporta que el trabajo defensor se volvió más difícil tras ser señalados como "antipatrias". Ecuador cayó 31 posiciones en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa 2026, pasando del puesto 68 en 2022 al 125, convirtiéndose en uno de los tres países con mayor retroceso.
Human Rights Watch documentó "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos" por fuerzas de seguridad. Ocho relatores de Naciones Unidas advirtieron que confundir terrorismo con delincuencia puede justificar uso ilícito de fuerza.
Para Luis Córdova, Ecuador vive autocratización no por éxito de seguridad, sino por fracaso: al no mejorar la percepción de seguridad, Noboa cierra espacios democráticos para autocensura periodística y menos disenso político.
Karen Sichel plantea la pregunta esencial: "¿Cómo queremos ser gobernados?". Encuestas de LAPOP y Latinobarómetro revelan que la mayoría de ecuatorianos prefiere soluciones rápidas, aunque eliminen instituciones independientes o la democracia misma.