Asamblea propone aumentar penas a 26 años para quienes recluten menores en Ecuador
· Por Orenses.com
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional presentará una propuesta para incrementar las sanciones contra el reclutamiento de menores de edad. La iniciativa busca elevar la pena de 22 a 26 años de cárcel, según informó Diana Jácome, presidenta de la Comisión, quien enfatizó: "El incremento de la pena es para que los reclutadores entiendan que con nuestros niños no se pueden meter".
La propuesta forma parte de un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa de la Vicepresidencia de la República que entrará en su segundo debate legislativo. Según Jácome, el proyecto contiene 37 artículos que desarrollan reformas a diferentes cuerpos legales con un enfoque integral: prevención, protección, atención y reintegración.
La visión de la Comisión coincide con recomendaciones internacionales. Alejandro Campos, director de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, fue recibido en la Asamblea y confirmó que el aumento de condenas ha demostrado ser efectivo en otros países. "El incremento de la condena ha ayudado a eliminar el reclutamiento de menores en naciones como El Salvador", señaló Campos. Sin embargo, advirtió que las penas deben acompañarse de "un trabajo articulado entre entidades del Estado para establecer mejores condiciones de vida para los menores en salud, educación y recreación".
¿Por qué es urgente esta reforma en El Oro y Ecuador?
La realidad del país es alarmante. Campos informó que el 4,1% de los adolescentes de la Costa ecuatoriana admitió pertenecer a una banda delictiva. Aún más grave: existe un crecimiento de más del 597% en homicidios de menores de edad. Estos datos reflejan una crisis de seguridad que afecta directamente a las familias ecuatorianas.
Un aspecto crítico identificado es el "reclutamiento digital". Campos explicó que los menores no solo están en riesgo en las calles, sino principalmente en casa: "Al niño ahora no se le deja salir a la calle por los peligros. Sin embargo, un mayor peligro está dentro de casa, porque todo menor tiene un teléfono, un computador, una tablet y los padres no saben qué están viendo o con quién chatean". Agregó que la mayoría de estos delitos se originan desde centros de rehabilitación social, donde los criminales contactan a menores vulnerables.
¿Qué contiene el proyecto de ley?
La propuesta no se limita al ámbito penal. Incluye reformas a la Ley de Telecomunicaciones para regular el espacio digital y evitar que menores sean captados mediante redes sociales. Se propone crear una Unidad de Monitoreo y Seguimiento que trabaje coordinadamente con el ámbito judicial para bloquear direcciones IP donde se observe contenido que incite a menores a unirse a estructuras criminales o pornografía infantil.
También contempla capacitación a maestros para identificar cambios de comportamiento en menores y notificar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se incluirá responsabilidades para los municipios, permitiendo que alcaldes, en mesas de seguridad, coordinen acciones contra el reclutamiento en sus territorios.
Jácome precisó: "Qué mejor que los alcaldes, quienes están en territorio, dentro de las mesas de seguridad, también se incluya el tema de reclutamiento. Si conocen que en un barrio hay presencia de bandas que están reclutando, inmediatamente se notifique y se actúe en conjunto Gobierno nacional y gobiernos seccionales".
Consolidación de iniciativas
La Comisión ha recibido propuestas del Ministerio del Interior, la Vicepresidencia, instituciones del Comité Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Menores, y de la asambleísta de ADN, Annabella Azín. Todas han sido unificadas para un tratamiento legislativo coherente.
Esta reforma es prioritaria para El Oro, provincia donde la delincuencia organizada y el reclutamiento de menores representan amenazas crecientes a la seguridad comunitaria. La aprobación de la ley implicaría una respuesta coordinada entre Policía, municipios, sistema educativo y familias para proteger a la infancia ecuatoriana.