Asamblea debate reforma que podría destituir alcaldes y prefectos que abandonen obras públicas
· Por Orenses.com
La Asamblea Nacional inició el jueves 16 de julio el primer debate de 18 reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), entre las que destaca una iniciativa que busca establecer como causal de destitución el abandono injustificado de obras públicas contratadas o en ejecución iniciadas por administraciones anteriores.
La propuesta, defendida por la asambleísta Lucía Pozo (ADN), presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, busca modificar el artículo 333 del Cootad para sancionar a alcaldes y prefectos que paralicen o abandonen sin justificación dichas obras. Según la iniciativa, esta conducta sería causal de remoción cuando comprometa la prestación de servicios públicos esenciales o provoque perjuicio económico al Estado, incluyendo pérdida de garantías contractuales o deterioro de infraestructura.
"Las nuevas autoridades electas no podrán abandonar la ejecución de una obra que estaba realizando su antecesor por intereses políticos, vendettas o venganzas, porque quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos", expresó Pozo durante el debate.
La reforma, sin embargo, establece excepciones claras. La destitución no procederá cuando la suspensión o terminación de una obra esté respaldada por informes técnicos, jurídicos y financieros debidamente motivados, o cuando responda a causas de fuerza mayor, caso fortuito, incumplimientos del contratista o inviabilidad técnica sobrevenida.
Esta medida responde a un problema identificado en gobiernos locales ecuatorianos: la interrupción de proyectos de infraestructura por cambios políticos. La asambleísta Carmen Tiupul (antes de Pachakutik) respaldó la propuesta y cuestionó que las disputas políticas terminen afectando a la ciudadanía. "En numerosos casos, una administración deja planificadas obras y recursos asignados, pero las nuevas autoridades deciden abandonarlas para no dar continuidad a proyectos impulsados por sus predecesores", señaló.
Tiupul enfatizó que "las obras son hechas con dineros de los ecuatorianos y no le pertenecen a ningún prefecto, alcalde o gobierno parroquial", recordando que estos proyectos representan inversión pública que debe beneficiar a la comunidad más allá de cambios administrativos.
En paralelo, el pleno debatió modificaciones a los artículos 58 y 88 del Cootad, relacionadas con el fuero de corte provincial de concejales y su atribución para presentar proyectos de ordenanza. Aquí surgieron diferencias entre legisladores.
Pozo defendió que los cambios no eliminan atribuciones de los concejales, sino que actualizan la legislación para armonizarla con la Constitución. Señaló que el fuero de corte provincial está reconocido en el artículo 108 del Código de la Democracia para todas las autoridades elegidas por votación popular, y que su inclusión en el Cootad responde a un error legislativo.
Sin embargo, legisladores como Pablo Jurado (independiente) y Samuel Célleri (independiente-antes del PSC) plantearon conservar la redacción vigente de ambos artículos. Célleri argumentó que, aunque desde la técnica legislativa estos derechos ya están previstos en otras normas, desde la perspectiva de seguridad jurídica es preferible que permanezcan expresamente recogidos en el Cootad.
"Ello permitirá que cualquier ciudadano o concejal conozca con claridad el alcance de sus competencias sin necesidad de acudir a una interpretación sistemática de distintos cuerpos legales", indicó Célleri.
El legislador también respaldó la propuesta de reformar el artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial, que actualmente omite a los concejales entre las autoridades que gozan de fuero de corte.
Pozo anunció que impulsará esta reforma complementaria para que el reconocimiento del fuero de corte conste expresamente para todas las autoridades electas, incluidos los concejales.
Para El Oro, estas reformas tienen implicaciones directas. La provincia enfrenta un desafío histórico: la continuidad de proyectos de infraestructura vial, de servicios básicos y desarrollo territorial que se paralizan frecuentemente por cambios de administración. Un mecanismo que desincentive el abandono de obras públicas podría fortalecer la ejecución de proyectos que benefician a comunidades locales.
La sesión del pleno fue suspendida el jueves y se reanudará el próximo martes 21 de julio, según anunció el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres. El debate continúa su curso con estas reformas que buscan garantizar que el interés público prime sobre las disputas políticas entre administraciones.