¿Quién filtra a los candidatos? El debate sobre responsabilidad entre partidos y CNE tras denuncia de enriquecimiento ilícito
· Por Orenses.com
La denuncia de enriquecimiento ilícito en contra de una autoridad local que no pudo justificar cerca de 6 millones de dólares en su patrimonio ha reabierto un debate fundamental sobre la democracia ecuatoriana: ¿quién debe filtrar a los candidatos que se postulan para cargos de elección popular? ¿Es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) o de las organizaciones políticas?
El caso, que emerge en medio de las primarias para las elecciones seccionales, ha expuesto las fisuras de un sistema que, según expertos, no funciona como debería. Aunque la Constitución y el Código de la Democracia establecen claramente que no pueden ser candidatos quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos como enriquecimiento ilícito o peculado, la realidad es más compleja.
"Si hablamos del sistema de representación y del sistema judicial, ambos hacen agua", sostiene Fausto Camacho, experto electoral. El problema, en su criterio, no radica en el CNE ni en la normativa, sino en la debilidad del sistema de partidos políticos ecuatoriano.
Camacho subraya que casi no existen partidos con funcionamiento permanente. "Son dos o tres. ¿Cuántos tienen sede, página web, centros de formación o una vida orgánica activa? Son la excepción", anota. La falta de democracia interna es evidente: no hay reuniones periódicas de organismos de base, directivas provinciales activas, ni pronunciamientos políticos fuera de épocas electorales. En ese contexto, las candidaturas no pasan por controles reales.
Nicanor Moscoso, exintegrante de la Función Electoral, advierte sobre los límites de cualquier institución: "Ninguna institución puede anticipar la conducta de una autoridad. Las denuncias sin sentencia ejecutoriada no son suficientes. Pueden responder a disputas políticas, a campañas en redes sociales o incluso a ataques personales".
Los partidos admiten sus limitaciones
Javier Orti, presidente de Avanza —una de las organizaciones que candidatizó al alcalde involucrado en el escándalo en 2019, junto a Unión por el Perú—, es directo sobre las capacidades reales de su organización: "No tenemos la capacidad de investigar patrimonios ni acceso a datos de la UAFE; vemos que no tengan problemas legales".
Admite que la selección de aspirantes responde más a la supervivencia que a filtros rigurosos. "La selección responde más a la supervivencia que a filtros. Si todos fuéramos como El Nacional y solo participáramos con candidatos propios, nos vamos a la B; hay que traer refuerzos, para no desaparecer", explica Orti. Critica también la falta de incentivos para formar cuadros propios y cómo el transfuguismo agrava la situación: "Cualquiera puede ser invitado".
Pablo Játiva, abogado y profesor de teoría política, resalta que el primer filtro natural para garantizar la calidad de los candidatos debe ser el partido político. "En otros países los evalúan para ver si están preparados y si son honestos. En Ecuador, ese filtro está completamente destruido", comenta.
Según Játiva, esto se refleja en la ausencia de análisis real sobre quiénes son candidatos valiosos. Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad del CNE se limita a verificar requisitos formales y la ausencia de sentencias ejecutoriadas. "Tenemos políticos sin preparación, personajes que surgen de TikTok, sin que se verifique si están capacitados o si buscan el cargo como un espacio para hacer negocios", advierte.
Játiva contrasta el sistema ecuatoriano con experiencias internacionales. "En Uruguay, Chile o Estados Unidos, las primarias son competitivas y permiten evaluar trayectorias, intereses y capacidades. En Ecuador, en cambio, las primarias se reducen a constatar quórum, bajo la lógica del dueño del partido". Esta práctica refleja, a su juicio, una visión caudillista de la política, entendida como un espacio de poder o enriquecimiento, más que como un ámbito de servicio público.
Correctivos desde la izquierda y propuestas de reforma
Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, señala que su organización ha adoptado correctivos tras episodios de "traiciones" y la aparición de candidatos con procesos judiciales. "Fortalecimos la comisión de ética. Nuestros propios militantes nos alertan a través de redes sociales", explica. Además, exigen que los directivos provinciales tengan cuatro años de militancia y asuman la responsabilidad de depurar inicialmente listas de candidatos.
Carlos Rabascall, excandidato presidencial que se afilió a Izquierda Democrática y hace poco dejó el partido, propone un cambio más profundo: "La calidad de una democracia comienza mucho antes de la votación, cuando los partidos deciden quién merece representar a los ciudadanos".
Rabascall detalla lo que debe incorporar esta selección: debida diligencia, evaluación patrimonial, revisión tributaria y judicial, declaración de intereses y estándares éticos verificables. Critica que "tenemos un modelo anticorrupción del siglo XX para enfrentar redes criminales del siglo XXI" y aboga por una "república preventiva" que implique construir una Arquitectura Nacional de Integridad con instituciones conectadas entre sí, auditorías preventivas, analítica de datos e inteligencia artificial.
Gabriela Guerrero, coordinadora provincial de Izquierda Democrática en Guayas que también se desafilió recientemente, plantea que la responsabilidad es compartida: "El CNE cumple un rol formal: si un candidato no tiene una sentencia ejecutoriada, está obligado a calificarlo". Sin embargo, señala que su falla está en la fiscalización del gasto electoral: "Aunque existen techos de campaña, en los informes todo cuadra, mientras en territorio se observan campañas millonarias. El CNE audita papeles, no hay un cruce profundo de información con entidades como la UAFE o el SRI".
Los partidos, por su parte, fallan en su rol ético: "Muchos operan como vehículos electorales para sobrevivir, tienen miedo de desaparecer, prefieren billeteras o perfiles populares", concluye Guerrero.
El debate pone de relieve una realidad incómoda: mientras la ley establece límites claros, el sistema institucional y político ecuatoriano carece de mecanismos reales para garantizar que quienes acceden a cargos públicos sean verdaderamente idóneos y honestos.