Detenciones de alcaldes en Ecuador: ¿investigaciones legítimas o instrumentalización política de la justicia?
· Por Orenses.com
Ecuador ha presenciado en los últimos meses una ola de detenciones de autoridades locales acusadas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Desde Machala hasta Esmeraldas, pasando por Jipijapa y Pujilí, varios alcaldes han sido capturados en operaciones de la Fiscalía. Aunque los delitos imputados —peculado, enriquecimiento ilícito, emisión irregular de documentos— son graves y merecen investigación rigurosa, analistas políticos y juristas cuestionan si existe un patrón que va más allá de la persecución legítima del delito.
El caso más emblemático es el del alcalde de Machala, Darío Macas, detenido por presunto enriquecimiento ilícito tras transacciones de más de seis millones de dólares sin justificación aparente. Su captura generó polémica cuando su fotografía fue publicada por el ministro del Interior en redes sociales, como si se tratara de un criminal de alto perfil. A Macas se lo procesó desde la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, no desde la de su provincia, lo que ha avivado las sospechas sobre una posible coordinación política en la investigación.
Situaciones similares afectan a otros alcaldes: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, enfrenta preguntas sobre el origen de su fortuna, incluidos ocho millones de dólares prestados al equipo de fútbol Barcelona. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, fue capturado por presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares. Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, fue detenida durante la denominada Operación Digitador por presunta emisión irregular de documentos de tránsito. En Pujilí, tanto José Alcides Arroyo como el exalcalde José Arroyo Cabrera fueron aprehendidos por irregularidades en contratación pública, con perjuicios que superarían los 300 mil dólares.
Lo que une a estos personajes, según críticos, no es solo la gravedad de los cargos, sino un elemento político: todos tenían aspiraciones electorales para las elecciones seccionales de noviembre o representaban capital político significativo, y ninguno era afín al Gobierno actual de Daniel Noboa. Además, los procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales, y la Fiscalía ha actuado con celeridad sospechosa en estos casos específicos.
El contraste es inquietante cuando se observan otros escándalos de corrupción que no han generado detenciones de alto perfil. Los casos Progen y ATM involucraron la entrega de más de 100 millones de dólares a empresas oscuras por generadores eléctricos defectuosos, pero hasta ahora no hay implicados de alto rango públicamente exhibidos como ocurrió con Macas.
La preocupación se agudiza con decisiones del Tribunal Contencioso Electoral. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses tras una denuncia de violencia política de género por haber llamado "fulana" a una concejala. Casi simultáneamente, el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, fue suspendido en sus derechos políticos por una denuncia similar, sin que aún se conocieran los fundamentos de la decisión. Ambos se perfilaban como candidatos competitivos para sus respectivas posiciones.
La cuestión central es si existe instrumentalización política de la justicia. Aunque no pueda afirmarse como hecho comprobado, la hipótesis resulta verosímil: una Fiscalía bajo control gubernamental, una sala electoral que suspende candidatos de oposición, y un Gobierno que elimina adversarios políticos antes de comicios cruciales. Todo esto ocurre mientras la oposición, liderada por el correísmo, atraviesa un colapso que le impide articular una defensa coherente del Estado de Derecho.
Esta debilidad democrática tiene consecuencias: la libertad de prensa se erosiona sin resistencia visible, la activista Monika Silva fue asesinada hace un mes sin que la clase política reaccione, y Diario EXPRESO enfrenta asfixia financiera mientras pocos líderes defienden la libertad de empresa.
Para los orenses, la pregunta es relevante: ¿qué garantías existen de que la justicia actúe con independencia? El control político de instituciones clave representa un riesgo para todos, independientemente de su filiación política. Sin una oposición fuerte ni instituciones autónomas, la democracia local y nacional se debilita.