Detienen al alcalde de Machala por presunto enriquecimiento ilícito en la 'Operación Muralla'
· Por Orenses.com
El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido la mañana de este lunes 6 de julio en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. La aprehensión se ejecutó en el marco de una investigación penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes oficiales de la administración de justicia.
El procedimiento judicial, denominado "Operación Muralla", incluyó también la detención de la esposa del burgomaestre y de una tercera ciudadana, identificada como Andrea I. Tras concluir su comparecencia y rendir su versión formal en las dependencias fiscales, las autoridades competentes no dictaron medidas cautelares en contra de Andrea I., quien recuperó su libertad inmediata. Por su parte, el alcalde Macas y su cónyuge permanecen privados de la libertad en las instalaciones del Comando Policial de Machala, a la espera de que se fije la fecha y hora para la correspondiente audiencia de formulación de cargos, donde se resolverá su situación jurídica.
La hipótesis y el presunto esquema financiero
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado, la indagación se centra en presuntos incrementos patrimoniales injustificados por parte de los principales implicados. La tesis de la investigación apunta a que los recursos habrían sido canalizados y ocultados mediante una red de empresas fachada relacionadas de manera directa con el círculo familiar y de confianza del primer edil.
Los investigadores del caso sostienen que varias de estas compañías carecían de actividad económica real y habrían operado exclusivamente como mecanismos de encubrimiento para el origen de los fondos. El Ministerio del Interior detalló que los indicios recopilados configuran un supuesto esquema de corrupción institucionalizado que presuntamente funcionaba desde el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Machala y se extendía hacia algunas de sus empresas públicas.
La presunta estructura delictiva incluía tres mecanismos clave: la simulación de transferencias societarias entre firmas comerciales, la utilización de consorcios fachada para captar contratos de obras o servicios, y el direccionamiento de recursos del erario público hacia personas naturales y jurídicas del entorno cercano del alcalde. Las autoridades enfatizaron que estos elementos forman parte de una investigación preliminar en fase de instrucción, los cuales deberán ser debidamente sustentados y debatidos dentro del debido proceso en los tribunales.
Reacciones oficiales y contexto legal
El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de la operación a través de sus canales oficiales. El secretario de Estado ratificó la postura gubernamental en la lucha contra el desvío de fondos públicos. "En este Gobierno no hay espacio para la impunidad. Quien utilice los recursos públicos para beneficio personal deberá responder ante la justicia. La Operación Muralla demuestra que nadie está por encima de la ley", manifestó el funcionario.
Darío Macas cumple actualmente su segundo periodo consecutivo al frente de la Alcaldía de Machala, cargo para el cual fue reelecto tras haber ganado los comicios seccionales de mayo de 2023 bajo la plataforma de la organización política Revolución Ciudadana (RC5). Con anterioridad, el funcionario ya había desempeñado diversos cargos administrativos en la función pública y dentro de la misma municipalidad orense. Recientemente, su nombre figuraba como precandidato para la Prefectura de la provincia de El Oro de cara a las próximas elecciones seccionales.
Este caso se incorpora a una serie de procesos judiciales abiertos por presuntas irregularidades en diferentes gobiernos autónomos descentralizados del país a lo largo de 2026. En la legislación ecuatoriana, el enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma penal prevé sanciones de privación de libertad que pueden alcanzar hasta los 13 años de prisión para aquellos servidores públicos que no consigan justificar los incrementos en su patrimonio personal obtenido durante el ejercicio de sus funciones institucionales.