CAL aprueba por unanimidad inicio de juicio político contra exministra Inés Manzano por incumplimiento de funciones
· Por Orenses.com
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad el pasado 24 de junio el inicio del trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz, por presunto incumplimiento de funciones. La solicitud fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, marcando el arranque formal de un nuevo proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.
La decisión se adoptó luego de que el CAL conociera el informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad Técnica Legislativa. Ese documento analizó el cumplimiento de los requisitos establecidos para que la petición continúe su curso dentro del procedimiento legislativo previsto para este tipo de casos.
Según informó Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, este es el cuarto pedido de juicio político contra la exministra de Energía. El nuevo proceso está relacionado con el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Austral Technical Management (ATM), un tema que ha generado debate en torno al manejo de recursos públicos.
"Se discuten en la Asamblea a propósito del juicio que ha sido presentado y les pido que estén atentos a los siguientes pasos que se van a dar", indicó Torres durante la mañana de ese 24 de junio.
Los próximos pasos del proceso
Conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la presidenta de la Asamblea Nacional deberá remitir la solicitud a la Comisión de Fiscalización y Control Político en un plazo máximo de tres días, a través de la Secretaría General. Con ello, el expediente pasará a la siguiente fase de revisión dentro del Parlamento.
Una vez que la Comisión de Fiscalización reciba la documentación, tendrá cinco días para avocar conocimiento del caso. Durante ese período verificará que la solicitud cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 131 de la Constitución, un requisito indispensable para que el proceso continúe avanzando.
Torres explicó que el pedido fue remitido a la Unidad Técnica Legislativa para verificar si cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. De acuerdo con su criterio, la solicitud sí reuniría las condiciones necesarias para seguir avanzando dentro del trámite parlamentario.
Distinción entre proceso político y penal
El jefe de la bancada oficialista diferenció el proceso político de las investigaciones penales que se desarrollan en paralelo. Aseguró que, desde la perspectiva de su bancada, es fundamental esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y determinar qué ocurrió con el dinero involucrado en el caso.
"El proceso político es distinto al penal. Para nosotros lo importante es el tema penal, que significa cárcel, posible devolución de los bienes y saber qué ocurrió con el dinero", señaló Torres.
Esta aprobación unánime del CAL refleja una posición mayoritaria en la Asamblea Nacional respecto a la necesidad de investigar las responsabilidades políticas de la exministra. El proceso seguirá su curso dentro del marco legal establecido, permitiendo a los legisladores evaluar los hechos y determinar si existe incumplimiento de funciones según lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente.