Asamblea Nacional aprueba fiscalización de patrimonio de alcaldes y prefectos a cinco meses de elecciones seccionales
· Por Orenses.com
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una resolución para fiscalizar las declaraciones patrimoniales de autoridades locales, una decisión que llega en medio de tensiones políticas a cinco meses de las elecciones seccionales. La iniciativa contó con el apoyo de 85 legisladores y se sustenta en recientes reportajes periodísticos que cuestionan los registros patrimoniales presentados por alcaldes y prefectos ante la Contraloría General del Estado.
Según información difundida por Ecuavisa, el asambleísta Fernando Jaramillo, de ADN, informó que durante el análisis se revisaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos del país. En esa revisión se detectaron 79 casos con variaciones patrimoniales que serán objeto de investigación. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrá 90 días para elaborar un informe detallado sobre estos hallazgos.
La medida responde a una preocupación creciente sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos locales. El contexto electoral cercano ha intensificado el escrutinio sobre las administraciones municipales y prefecturas, especialmente después de que investigaciones periodísticas sacaran a la luz posibles inconsistencias en los registros de patrimonio de autoridades.
Pero la fiscalización no se limita solo a los patrimoniios. El Legislativo también aprobó que la Comisión de Relaciones Internacionales investigue la compra de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito en 2025. Desde la bancada oficialista se sostiene que existen indicios de un posible perjuicio económico superior al ya identificado por la Contraloría.
El legislador de ADN, Xavier Ordoñez, aseguró que una proforma del fabricante evidenciaría que la adquisición pudo haberse realizado de forma directa y por un valor significativamente menor. Según sus cálculos, la diferencia alcanzaría aproximadamente seis millones de dólares.
La defensa de la gestión quiteña vino desde la bancada de la Revolución Ciudadana, que rechazó categóricamente los cuestionamientos. La asambleísta Liliana Durán argumentó que la compra de los trolebuses ha generado beneficios tangibles para la movilidad y el medio ambiente de la capital, y denunció que las investigaciones responden a motivaciones políticas en medio del proceso electoral que se avecina.
Las críticas también se extendieron desde otros sectores de la oposición. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano cuestionó la competencia de la Asamblea para investigar gobiernos locales, argumentando que esa labor corresponde a los concejos municipales y consejos provinciales. Además, señaló que el Legislativo debería concentrar sus esfuerzos en fiscalizar las funciones del Gobierno central.
Entre las recomendaciones aprobadas figura un pedido para que el Concejo Metropolitano de Quito analice el proceso de adquisición de los trolebuses. Sin embargo, ese organismo cuenta actualmente con una mayoría de concejales afines al correísmo, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación política en torno a este caso.
La resolución refleja las tensiones políticas que caracterizan el Ecuador cinco meses antes de las elecciones seccionales. Mientras el oficialismo utiliza estas investigaciones como herramienta para cuestionar administraciones locales de oposición, la oposición denuncia persecución política. El resultado es una polarización que afecta la capacidad del Estado para actuar con transparencia y despolitización en temas de fiscalización de recursos públicos.