Renuncia de Roberto Gilbert al CPCCS agita la elección del fiscal general y pone en riesgo la gobernabilidad del consejo

· Por Orenses.com

Renuncia de Roberto Gilbert al CPCCS agita la elección del fiscal general y pone en riesgo la gobernabilidad del consejo

La renuncia de Roberto Gilbert como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 18 de junio ha generado turbulencia política en la institución encargada de elegir al próximo fiscal general del Estado, cuestionando la estabilidad de la mayoría que mantiene su presidente, Andrés Fantoni.

Gilbert presentó su dimisión días después de una sesión del 11 de junio en la que se votaba el informe de calificación de méritos de 28 aspirantes al cargo de fiscal general. Durante esa sesión, transmitida en vivo, se observó que mientras Gilbert pronunciaba su voto en desacuerdo con el procedimiento de la comisión ciudadana, detrás de él estaba José de la Gasca, exministro de Gobierno del gabinete de Daniel Noboa, quien ocupa el puesto 15 en la carrera fiscal con 41 puntos.

Ninguna autoridad del CPCCS ni miembros de la comisión ciudadana se han pronunciado sobre esta situación. Por su parte, la Asamblea Nacional aún no ha difundido la convocatoria para conocer formalmente la renuncia ni para posesionar a un nuevo consejero.

La ausencia de respuestas oficiales se complica por la disponibilidad de las máximas autoridades del consejo: el presidente Andrés Fantoni se encuentra de vacaciones, mientras que la vicepresidenta, Jazmín Enríquez, viajó a Colombia como observadora de las elecciones de segunda vuelta de ese país, invitada por una asociación de jóvenes con gastos pagados.

Según la normativa, el Legislativo debe convocar al siguiente de la lista de excandidatos que participaron en los comicios de febrero de 2023. De acuerdo con la nómina del Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato que debería asumir es Óscar Ayerve; sin embargo, posee un impedimento para ejercer cargos públicos certificado por el Ministerio del Trabajo, derivado de una deuda con la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Esta situación ya se presentó tras la destitución de Juan Guarderas por juicio político. Debido al impedimento de Ayerve, fue principalizado David Rosero, quien actualmente es consejero. El siguiente en la línea sucesoria es Johnny Escobar Coronel, economista que ha laborado en instituciones financieras públicas. En caso de que Escobar tampoco pueda asumir, le siguen Andrés Mendoza Paladines, Roger Vallejo, Santiago Becdach y Patricio Espinosa, entre otros.

La renuncia de Gilbert representa un quiebre en la coalición que Fantoni ha mantenido durante su gestión 2023-2027. Junto a Rosero, Gilbert formaba parte de una mayoría respaldada por las consejeras Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez. Este bloque ha enfrentado múltiples cambios: en octubre de 2023, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera; luego Juan Guarderas fue destituido por juicio político. Eduardo Franco Loor fue principalizado pero posteriormente destituido por el Tribunal Contencioso Electoral junto a Augusto Verduga y Yadira Saltos. Gonzalo Albán Molestina fue elegido para reemplazar a Franco, pero la bancada de ADN lo destituyó por juicio político, siendo Gilbert su sucesor.

Durante la sesión del 11 de junio, Robert Gilbert se abstuvo de votar y pidió explícitamente a Fantoni que fueran los propios consejeros quienes calificaran las carpetas de los aspirantes, en desacuerdo con el procedimiento ejecutado por la comisión ciudadana. David Rosero se ausentó de la plenaria virtual momentos después de que se confirmara su conexión.

El concurso para fiscal general requiere que el CPCCS apruebe el informe de calificación y recalificación de méritos para avanzar a la fase de impugnación o escrutinio público. Entre los aspirantes con mejores calificaciones figuran Daniella Camacho, Inés Romero y Carlos Alarcón, fiscal subrogante.

Esta crisis institucional pone en evidencia las fracturas internas del CPCCS en un momento crítico para la justicia ecuatoriana, donde la elección del próximo fiscal general requiere estabilidad y consenso para garantizar legitimidad.