Noboa formaliza fusión de 8 ministerios: El Gobierno reduce de 14 a 10 carteras mediante nuevos decretos
· Por Orenses.com
El presidente Daniel Noboa formalizó una nueva reestructuración del aparato estatal mediante la emisión de tres decretos ejecutivos que fusionan ocho ministerios y secretarías, reduciendo el número de carteras de 14 a 10. La medida, anunciada a inicios de junio, constituye la segunda reorganización de esta envergadura realizada por la administración en menos de un año y forma parte de una estrategia integral de optimización institucional y contención del gasto público.
La reforma consolida competencias en tres nuevos superministerios. El primero de ellos, denominado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, integrará las funciones del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Economía y Finanzas. Este mega ministerio estará liderado por Sariha Moya, quien actualmente dirige la cartera de Economía y Finanzas.
Por su parte, el Ministerio de Infraestructura y Transporte se fusionará con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para conformar el nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología, que será dirigido por Roberto Luque, actual titular de Infraestructura y Transporte. Esta combinación responde a la necesidad de integrar las políticas de transporte e infraestructura vial con el desarrollo tecnológico y digital del país.
La tercera fusión concentrará políticas laborales y de desarrollo social en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que combinará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Desarrollo Humano, y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Cynthia Gellibert, exsecretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, asumirá la conducción de esta nueva cartera.
¿Por qué importa esto para El Oro? La reorganización ministerial impactará directamente en cómo se gestiona la economía agroproductiva, un sector fundamental para la provincia. La fusión de Agricultura con Producción y Economía podría acelerar decisiones sobre política agraria, comercio de productos locales y acceso a créditos para productores orenses. Asimismo, la integración de Infraestructura y Tecnología afectará proyectos viales y de conectividad digital en la región.
Los decretos establecen un plazo máximo de 60 días para que las instituciones involucradas culminen el proceso de integración administrativa, financiera y operativa. Durante este período, los ministerios deberán unificar sistemas, presupuestos y estructuras organizacionales para funcionar como entidades únicas.
Esta es la segunda reducción de entidades ejecutada por el Gobierno de Noboa. En julio de 2025, el mandatario ya había dispuesto una reorganización que disminuyó el número de ministerios de 20 a 14 y redujo las secretarías de nueve a tres. En apenas un año, el Ejecutivo ha reducido la estructura ministerial a casi la mitad.
La nueva reforma se enmarca en una estrategia más amplia de contención del gasto público y reducción del déficit fiscal impulsada por el Ejecutivo, en línea con el programa crediticio suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este acuerdo contempla desembolsos por 5.000 millones de dólares entre 2024 y 2028, condicionados a cumplimientos de metas fiscales y reformas estructurales.
La reorganización institucional ocurre en paralelo a otras medidas económicas ya implementadas, como el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 15% y la eliminación del subsidio al diésel. Estas decisiones han generado debate en distintos sectores del país, especialmente entre transportistas, agricultores y pequeños empresarios que ven afectados sus costos operativos.
Para los orenses, la eficiencia de esta reestructuración será clave. Una integración ordenada de competencias en materia agroproductiva y de infraestructura podría significar trámites más ágiles y políticas públicas más coherentes. Sin embargo, el seguimiento será fundamental para garantizar que la reducción de estructura no implique debilitamiento en la ejecución de programas que afecten directamente a la población de la provincia.