Comisión de Fiscalización frena juicio político a Inés Manzano por abstenciones de ADN y aliados

· Por Orenses.com

Comisión de Fiscalización frena juicio político a Inés Manzano por abstenciones de ADN y aliados

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no avanzó en la calificación del juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano. En la sesión del 6 de junio de 2026, los cinco asambleístas del bloque ADN, junto a su aliado José Nango, se abstuvieron de votar, lo que impidió que la moción prosperar.

Esta abstención estratégica del bloque oficialista frenó un proceso que había sido impulsado por legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes acusan a Manzano de incumplimiento de funciones en relación con el caso Progen. Sin embargo, el mecanismo parlamentario requería una mayoría para calificar formalmente la demanda y avanzar en el procedimiento.

¿Por qué importa para El Oro? Porque el caso Progen ha generado considerable interés público nacional, involucrando presuntos irregularidades en la gestión de recursos estatales. Las decisiones de la Comisión de Fiscalización tienen implicaciones amplias sobre cómo se investigan denuncias contra funcionarios públicos y la capacidad del Congreso de ejercer su función fiscalizadora.

EN LA SESIÓN DEL 6 DE JUNIO

La sesión comenzó con la lectura de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que certificó que la solicitud de juicio político cumplía los requisitos de forma. A diferencia de otros procesos similares, no hubo debate detallado ni pronunciamiento formal del asesor jurídico sobre el cumplimiento de requisitos sustantivos.

El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, abrió el debate. Inmediatamente, la correísta Ana Herrera presentó una moción para calificar el proceso. Sin embargo, esta moción solo consiguió cuatro votos a favor, provenientes exclusivamente del bloque correísta.

Los votos en abstención fueron determinantes: Álvarez, Ana Belén Tapia (vicepresidenta), Fabiola Sanmartín, Luigi García y José Nango. Con esta abstención, la moción no alcanzó la aprobación requerida. El presidente de la mesa simplemente dio por terminada la sesión sin mayor trámite.

LA JUSTIFICACIÓN DEL OFICIALISMO

Tras la votación, la Comisión de Fiscalización emitió un comunicado oficial difundido por los canales de la Asamblea Nacional, titulado: "La prioridad debe ser conocer toda la verdad".

En su pronunciamiento, el bloque oficialista argumentó que "este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pero con seriedad, rigor técnico y respeto institucional". Esta posición enfatiza la necesidad de profundidad investigativa sin precipitar conclusiones parlamentarias.

La Comisión señaló además que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado. Tal como ocurrió con el proceso de fiscalización sobre los contratos con Progen y ATM en la Comisión de Transparencia (presidida por la oficialista Diana Jácome), el argumento central es que las investigaciones penales deben avanzar primero en la jurisdicción criminal.

"La Comisión considera fundamental profundizar en la investigación de la ruta del dinero, porque el país necesita conocer quiénes se beneficiaron, cómo se movieron los recursos y si existieron redes nacionales o internacionales detrás de estas operaciones", indicó en su comunicado.

IMPLICACIONES PROCEDIMENTALES

Esta abstención del bloque ADN introduce un elemento de complejidad en los procedimientos de juicio político. Mientras que técnicamente la Comisión puede reactivar el proceso en cualquier momento, la negativa de los cinco votos oficialistas a participar activamente sugiere una estrategia de postergar la calificación mientras se desarrollan investigaciones paralelas.

La posición oficial asume que la Fiscalía debe llevar la batuta investigativa, mientras que el Parlamento podría actuar como órgano sancionador una vez que se clarifiquen los hechos penales. Esta división de funciones es válida institucionalmente, aunque genera incertidumbre sobre los plazos y el efectivo avance del proceso parlamentario.

Para los ecuatorianos y los orenses en particular, la morosidad en procesos de fiscalización contra funcionarios públicos refuerza la percepción de debilidad institucional. El caso Progen ha sido controversial, y cualquier retraso en su clarificación genera dudas sobre la voluntad política real de esclarecer los hechos.

SIGUIENTE PASO

La Comisión de Fiscalización puede convocar a una nueva sesión en cualquier momento para retomar la calificación del juicio político. Sin embargo, mientras no cambie la posición del bloque ADN, el resultado será similar. La próxima oportunidad dependerá de iniciativas del correísmo o de cambios en la dinámica legislativa.

Orenses.com seguirá este proceso de cerca, informando sobre los avances en la investigación del caso Progen y cualquier movimiento parlamentario relevante.