Primer año de Noboa: seguridad y economía avanzan, pero la gobernabilidad muestra grietas políticas
· Por Orenses.com
El primer año completo de Daniel Noboa en Carondelet cerró con una paradoja: el Gobierno mantuvo capacidad de acción, aprobó leyes, sostuvo medidas económicas impopulares y ejecutó operativos de alto impacto contra cabecillas criminales, pero también enfrentó reveses significativos que erosionaron su gobernabilidad.
Noboa inició este período el 24 de mayo de 2025, tras ganar la reelección después de completar una administración extraordinaria de 18 meses abierta por la muerte cruzada decretada por Guillermo Lasso. A diferencia de la primera administración, este nuevo mandato no tuvo carácter transitorio. El Presidente asumió el control de un gobierno con mayoría legislativa inicial, una agenda centrada en seguridad y economía, y expectativas de gestión más altas.
Seguridad: capturas de alto perfil en contraste con cifras alarmantes
En materia de seguridad, el Gobierno acumuló capturas de gran impacto mediático. El 26 de mayo de 2025, Dritan Gjika, alias 'Tony', señalado como cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, cayó en Abu Dabi tras un operativo internacional coordinado por Interpol. El 25 de junio, el Bloque de Seguridad recapturó a Adolfo Macías, alias 'Fito', en Montecristi, Manabí. El 20 de julio, Fito fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales. El 16 de noviembre, Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', máximo cabecilla de Los Lobos, fue capturado en Málaga, España.
Estos golpes tuvieron alto impacto comunicacional, pero las cifras anuales de homicidios revelan una realidad más compleja. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales y una tasa de 50,91 muertes por cada 100.000 habitantes, un aumento del 32% respecto al año anterior. Sin embargo, para 2026, el Gobierno mostró resultados preliminares más alentadores: redujo los homicidios intencionales en un 11,8% en comparación con enero-febrero de 2025, bajando de 3.150 crímenes a 2.778.
El Gobierno también inauguró la Cárcel del Encuentro y recurrió nuevamente a estados de excepción y toques de queda como herramientas de control territorial. En marzo de 2026, la Corte Constitucional declaró constitucional la suspensión del tránsito nocturno en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas entre las 23:00 y 05:00. La medida dejó 1.283 detenidos, aunque la mayoría correspondió a personas que incumplieron la restricción de movilidad y no necesariamente a personas con vínculos criminales. En mayo, el Gobierno amplió la medida a nueve provincias y cuatro cantones.
Economía: recuperación con costos políticos
El frente económico entregó indicadores más favorables. El Banco Central reportó un crecimiento de 3,7% en 2025, impulsado por exportaciones (6,4%), inversión (5,6%) y consumo de los hogares (2,7%). El INEC reportó que el empleo adecuado llegó a 37,1% en diciembre de 2025, frente al 33,0% de diciembre de 2024, mientras que la pobreza por ingresos bajó de 28,0% a 21,4%.
Pero esa recuperación tuvo un costo político significativo. En agosto de 2025, el Decreto 83 reformó el sistema de cálculo de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. En septiembre, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Esta decisión provocó un paro de 31 días concentrado en Imbabura, liderado por la Conaie desde el 22 de septiembre. El paro terminó el 22 de octubre sin que el Gobierno restituya el subsidio, dejando tres víctimas mortales, centenares de heridos y procesos judicales abiertos.
Además, el Gobierno emitió nueva deuda externa por 4.000 millones de dólares y abrió una disputa comercial con Colombia al anunciar una tasa de seguridad del 30% a sus importaciones. Colombia respondió con aranceles a productos ecuatorianos y la CAN ordenó eliminar la medida. Según economistas consultados, esta guerra comercial redujo el comercio bilateral en 44% y comprometió aproximadamente 40.000 empleos en la zona de frontera.
El riesgo país mostró mejora significativa: el 15 de mayo de 2026 llegó a 400 puntos, el nivel más bajo desde el inicio del Gobierno de Noboa y el más bajo desde octubre de 2014. Sin embargo, economistas advierten que la recuperación no llegó con la misma fuerza a las familias de ingresos medios y bajos, donde la eliminación de subsidios encareció el costo de vida y el transporte de bienes.
Límites institucionales: la Corte Constitucional como contrapeso
La Corte Constitucional se convirtió en un límite institucional relevante al poder Ejecutivo. El Gobierno impulsó leyes, decretos y reformas bajo el argumento de la crisis de seguridad, pero la Corte revisó varias medidas y estableció límites jurídicos. Declaró inconstitucional la Ley de Solidaridad Nacional por mezclar materias económicas, penales y de seguridad dentro del trámite de urgencia económica, y también declaró inconstitucional la Ley de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas por vulnerar la unidad de materia, la publicidad y la deliberación democrática.
Política: gobernabilidad sin conducción estable
En política, el Ejecutivo logró aprobar leyes con apoyo legislativo, pero la relación con la Asamblea quedó marcada por la tensión y la negociación voto a voto. El Gobierno no consolidó una base legislativa fuerte ni un sistema estable de alianzas, gobernando más desde la coyuntura que desde una estructura política sólida.
El 16 de noviembre de 2025 marcó un punto de quiebre. El Presidente y su movimiento ADN perdieron las cuatro preguntas del referendo y consulta popular, rechazando propuestas como la instalación de bases militares extranjeras y la redacción de una nueva Constitución. Este resultado abrió señales claras de conflicto político y marcó el inicio del desgaste de gobernabilidad del Gobierno.
Analistas consultados coinciden en que Noboa conserva fuerza política pero ya no tiene la misma presencia del inicio ni el mismo respaldo ciudadano. Los problemas no resueltos en electricidad, violencia, economía familiar y crisis institucional empiezan a pasar factura en su segundo año de gestión.