Asamblea impulsa reformas a Ley de la Función Judicial y COIP para endurecer penas y fortalecer la justicia
· Por Oswaldo Peñaloza
La Asamblea Nacional definió sus prioridades legislativas para el segundo año de gestión del presidente Niels Olsen, enfocándose en dos reformas estructurales: la Ley de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Durante la sesión 94 del Pleno, celebrada el miércoles 20 de mayo, bloques oficialistas, de oposición e independientes presentaron sus propuestas para reconfigurar el sistema judicial ecuatoriano.
Olsen estableció la línea editorial de estas reformas: "La prioridad debe centrarse en poner sobre la mesa las reformas para endurecer las penas contra los criminales y para proteger a los jueces y fiscales honestos, así como tratar como criminales a los jueces y fiscales que están involucrados en actos de corrupción".
La reforma a la Ley de la Función Judicial emerge como el primer eje de trabajo. El bloque oficialista ADN presentó una propuesta integral que incluye un blindaje ético para el sistema judicial, mayor transparencia y democratización de la justicia, un tratamiento técnico de las medidas cautelares y nuevos procedimientos para los concursos de magistrados.
Esteban Torres, nuevo jefe de bancada de ADN, y Keevin Gallardo, ponente del proyecto, propusieron mecanismos rigurosos de control para jueces, especialmente los de unidades anticorrupción. Sugirieron someterse a pruebas de polígrafo, escaneo de iris y análisis de voz, además de vigilancia permanente del patrimonio de los magistrados. Además, el oficialismo insistió en crear un sistema de protección integral para funcionarios honestos.
Los asambleístas Christopher Jaramillo y Andrés Guschmer introdujeron el "principio de publicidad", proponiendo que audiencias de interés público, como las tributarias superiores a 500.000 dólares, sean transmitidas en vivo y que cada decisión judicial quede registrada digitalmente para futuras revisiones.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano planteó una propuesta severa: que los jueces que liberen ilegalmente a delincuentes sean considerados también delincuentes, con penas equivalentes a las del procesado liberado. También sugirió prohibición perpetua para ejercer cargos públicos a los llamados "jueces suicidas", aquellos que fallan a favor de criminales aun sabiendo que podrían ser destituidos.
Sin embargo, la propuesta ha generado resistencia desde el correísmo. Asambleístas de la Revolución Ciudadana, como Viviana Veloz, César Palacios y Liliana Durán, advirtieron que existe una "línea roja" que pondría en riesgo la independencia judicial. Cuestionaron que el Viceministerio de Educación Superior valore las hojas de vida del comité que seleccionará jueces, calificándolo de "intromisión grosera" que permitiría al Gobierno escoger magistrados discrecionalmente.
Liliana Durán calificó la reforma como una "farsa" y una "tiranía disfrazada", anunciando que presentarán una acción de inconstitucionalidad si se mantiene la intervención del Ejecutivo en la selección de jueces.
Respecto al COIP, el consenso se centra en endurecer penas. Olsen argumentó que estas reformas son necesarias porque han surgido nuevas modalidades delictivas. Los principales problemas que la ciudadanía demanda resolver son las extorsiones, secuestros, acosos digitales, acoso físico y sexual, y el impacto de redes sociales en menores de 16 años.
Desde el correísmo, Franklin Samaniego señaló que revisarán los tipos penales propuestos, cuestionando que el Ejecutivo no haya respetado técnicamente el catálogo de delitos y penas vigente.
Olsen anunció que para las reformas relacionadas con acoso y contenido digital, se revisará la legislación de otros países, aunque aún no hay más detalles disponibles. Las próximas sesiones definirán el cronograma de debate y votación de ambas reformas, un proceso que se perfila complejo dada la polarización política en la Asamblea.