Audiencia del caso Apagón se reinstala el 20 de mayo: Fiscalía pide prisión preventiva para 21 procesados por peculado
· Por Orenses.com
La audiencia de formulación de cargos en el caso Apagón, que investiga un perjuicio económico de 04,370,000 al Estado ecuatoriano, se reinstalará el 20 de mayo a las 08:30 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), bajo la dirección del juez nacional Marco Rodríguez.
La diligencia inició el 14 de mayo de 2026, pero fue suspendida al día siguiente debido al toque de queda que regía en ese momento. Durante esta primera sesión, el fiscal general (s), Leonardo Alarcón, concluyó su exposición de la teoría del caso y solicitó formalmente prisión preventiva para los 21 procesados, argumentando riesgos procesales relevantes y alto riesgo de fuga debido a las circunstancias económicas de los involucrados.
¿De qué acusan a los procesados?
La Fiscalía investiga presunto peculado en la adjudicación y ejecución de contratos de emergencia entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC. Según el organismo investigador, el Estado realizó transferencias internacionales por $34,8 millones como anticipo para el contrato de Quevedo y $69,6 millones para el contrato de Salitral, los cuales habrían sido desviados sin la debida supervisión ni control institucional.
Entre los 21 procesados se encuentran figuras clave como Antonio Goncalves, exministro de Energía y Minas, acusado como autor directo por omisión en el deber de precautelar los fondos públicos, y Fabián Calero, exgerente general subrogante de Celec, señalado por haber dispuesto y delegado los procedimientos de contratación de emergencia indicando ya las potencias y presupuestos referenciales.
La Fiscalía también formuló cargos contra Karla Saud y Andrew Scott, representantes de Progen Industries, como coautores. Saud habría actuado como intermediaria manteniendo participación activa en reuniones con funcionarios de Celec, presentación de ofertas y coordinación de gestiones. Scott, por su parte, suscribió los contratos de Salitral, Quevedo y un contrato complementario, a pesar de que la oferta presentada por la empresa no cumplía a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas.
Marvin Rubio, presidente de la Comisión Técnica, fue acusado como autor directo por haber recomendado la adjudicación del contrato a Progen. Otros miembros de las comisiones técnicas también fueron procesados por recomendar la adjudicación a una empresa que, según la investigación, no cumplía con los requisitos legalmente exigidos.
Entre estos últimos figuran Daniel Suárez y Julio Montesdeoca, miembros de la Comisión técnica de recepción; Celso Sánchez, Nelson Castro y Luis Flores, integrantes del Comité Técnico de Emergencia de Salitral; y César Toledo, miembro de la comisión técnica de calificación de oferta.
Otros procesados fueron acusados por su participación en etapas específicas del proceso: Byron Orozco (exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha) y Gonzalo Guerrón (gerente de la Unidad de Negocios Termopichincha) por suscribir los contratos; Gabriela Toaza por elaborar las especificaciones técnicas; Juan Cornejo y Carlos Villacís por revisar y aprobar especificaciones técnicas; Holger Jaramillo por suscribir informes de manifestación de interés; y Marcos Poma, Marco Chicaiza, Romel Llumiquinga y Javier Lasluiza por su participación en estudios de mercado e informes de calificación de proformas.
Medidas cautelares insuficientes
El fiscal Alarcón enfatizó que las medidas cautelares impuestas hasta ahora "son insuficientes" para garantizar la presencia de los procesados en las diligencias judiciales. Por ello, solicitó expresamente la prisión preventiva para los 21 involucrados, fundamentando su petición en el análisis de riesgos procesales derivados de sus posiciones e intervenciones funcionales dentro del proceso contractual investigado.
Según la Fiscalía, existe un alto riesgo de fuga debido a las circunstancias económicas de los procesados, lo que justificaría el encarcelamiento preventivo como medida para asegurar su comparecencia durante el proceso judicial.
Elementos de convicción presentados
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó un documento de 219 páginas que contiene los elementos de convicción compilados durante la investigación. Este documento incluye un listado detallado de los involucrados, la relación circunstanciada de los hechos, informes sobre contratación, proformas, elementos comunes entre los involucrados y la solicitud de medidas cautelares que fundamentan la acusación de peculado.
Este caso representa uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos en el país y tiene implicaciones directas en la confianza institucional y la gestión de fondos que, en última instancia, afectan la prestación de servicios básicos como la energía. El caso Apagón evidencia debilidades en los mecanismos de supervisión y control dentro de empresas públicas estratégicas, algo que preocupa a ciudadanos de toda provincia, incluida El Oro, que dependen de servicios eléctricos confiables y de una administración transparente de los recursos del Estado.
La reiniciación de la audiencia el 20 de mayo será un momento crítico para el proceso judicial, donde el juez Rodríguez deberá resolver sobre las solicitudes de prisión preventiva y continuar con la formulación formal de cargos contra los 21 procesados.