La izquierda guarda en secreto sus alianzas electorales por temor a ser proscrita antes de las seccionales 2026
· Por Orenses.com
A seis meses de las elecciones presidenciales de febrero de 2025, la izquierda ecuatoriana se reunió públicamente en la CCE buscando unidad. Pachakutik, Revolución Ciudadana, Unidad Popular, Partido Socialista y Centro Democrático convocaron a los medios con estrategia abierta. Pero el panorama para las seccionales de 2026 es radicalmente distinto: el silencio y la discreción ahora definen la táctica de supervivencia electoral.
La razón es contundente. Tras la suspensión de la Revolución Ciudadana, su presidenta, Gabriela Rivadeneira, ha declarado públicamente y en asambleas que su organización tiene casillero asegurado, pero que no revelarán los nombres de sus aliados "para que no las desaparezcan". Es una confesión de estrategia defensiva: ocultar para sobrevivir.
Este cambio radical en la dinámica electoral no es casualidad ni simple prudencia. Henry Cucalón, profesor, exasambleísta, exministro de Gobierno y candidato presidencial, explica que aunque históricamente las fuerzas políticas han guardado alianzas bajo sigilo por razones tácticas —como ocurrió en 1984 con León Febres Cordero del PSC y Blasco Peñaherrera del Partido Liberal—, en 2026 confluyen factores nuevos e inéditos.
"Contra norma expresa se adelantó la fecha de los comicios", señala Cucalón. Pero hay algo más grave: "el miedo. En dictaduras militares que vivió Ecuador se entendía el miedo a revelarse. En democracia, esto es sin precedentes".
Cucalón identifica tres ingredientes del cóctel electoral actual: el adelanto de la fecha, un factor jurídico producto de la reforma al Código de la Democracia —que desestimula la formación de alianzas al reducir sus beneficios—, y un elemento que le parece inédito en democracia: el miedo al poder de turno. "Ojalá pierdan el miedo al poder en ejercicio", reflexiona.
Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, coincide en que las reformas —aprobadas por Revolución Ciudadana y ADN— representan un obstáculo para las organizaciones políticas. Pero va más lejos: advierte sobre "persecución a organizaciones sociales y autoridades electas, como en Cuenca y Guayaquil; así como la cancelación o suspensión del correísmo, Construye y Unidad Popular, y las dificultades que enfrenta RETO".
Vallejo anticipa una nueva fase de riesgo. Advierte sobre una normativa "mañosa" en los procesos de primarias internas y poca claridad en las reglas de juego. En ese escenario, predice impugnaciones de candidaturas incluso contra actores que hoy no están en el radar del Gobierno.
Parola Pabón, prefecta de Pichincha y figura destacada de Revolución Ciudadana, es aún más contundente: el hecho de que las organizaciones políticas no puedan anunciar públicamente sus alianzas y candidaturas por temor a ser proscritas significa que en Ecuador "ya no vivimos en democracia".
"La democracia no es solo ir a votar", enfatiza Pabón. "Exige una competencia electoral transparente y en igualdad de condiciones. Las autoridades electorales han demostrado que cumplen órdenes que vienen desde Carondelet. Exige también separación de poderes. El adelanto de las elecciones no permitirá a la ciudadanía conocer candidatos y propuestas, favoreciendo a gente ya conocida frente a jóvenes sin trayectoria mediática".
En lo operativo, Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de Revolución Ciudadana, explica que detrás de su suspensión hay un cálculo político: impedir que una organización que gobernó 10 años y llegó al balotaje en elecciones presidenciales quede sin representatividad. El tiempo se reduce para informar en qué casillero competirán. "No podemos decir con qué organizaciones iremos; pero la militancia debe tener la seguridad de que estaremos en la papeleta como parte de un frente democrático", señala.
Zambrano advierte sobre riesgos reales. "Mire lo que le pasa a RETO. No solo el alcalde Aquiles Álvarez está secuestrado; también Raúl Chávez tuvo que dejar la curul por orden de prisión preventiva".
Santiago Cahuasquí, analista político, resume el clima: muchas fuerzas mantienen acuerdos y candidaturas en reserva. "No es solo cálculo electoral, sino temor a perder el registro. El CNE sentó un precedente negativo con Unidad Popular y Construye. Abre la posibilidad de cancelar organizaciones prácticamente en cualquier momento del calendario".
El plazo es ajustado. Entre el 2 y el 17 de agosto de 2026, las organizaciones deberán inscribir candidaturas para estar en la papeleta del 29 de noviembre. Hasta entonces, el silencio estratégico seguirá siendo la norma de sobrevivencia para la izquierda ecuatoriana.