Gobierno de Noboa desata ofensiva contra Lasso reactiva el caso Encuentro y filtración de información
· Por Orenses.com
El gobierno de Daniel Noboa desencadenó en menos de 24 horas una arremetida contra el expresidente Guillermo Lasso reactivando el caso Encuentro, un proceso que había permanecido inactivo durante más de un año debido a la ausencia del país de dos de sus principales investigados: Naim Massuh y Hernán Luque Lecaro.
La ofensiva incluyó el despliegue coordinado de medios de comunicación afines al gobierno, filtraciones de información desde instituciones estatales y pronunciamientos de funcionarios públicos, generando una campaña que analistas políticos califican como orquestada y desproporcionada para un tema que inicialmente había sido presentado como menor.
EL OPERATIVO MEDIÁTICO
Todo comenzó cuando el diario El Universo —identificado como un medio con cercanía al gobierno— publicó en su portada una noticia sobre un pedido de información de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) al banco vinculado con Lasso, en relación con el caso Encuentro. El periódico dedicó dos páginas interiores adicionales a la información, un despliegue que expertos señalan como desproporcionado para un hecho que normalmente habría merecido un breve.
Más llamativo aún: mientras los comunicados oficiales de la Superintendencia de Bancos y la UAFE no mencionaban nombres de investigados, el diario publicó los de Massuh y Luque Lecaro. La filtración de información desde órganos estatales fue evidente, según analistas.
Cuentas de redes sociales que se presentan como ciudadanos o medios de comunicación se sumaron a la campaña. Una de ellas, el portal El Dato, difundió información falsa afirmando que Lasso había huido a Madrid, un rumor que se propagó rápidamente en plataformas digitales.
EL DISCURSO OFICIAL
Ese mismo día, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y encargado de la UAFE, apareció en Radio Democracia de Quito explicando el requerimiento de información. Neira justificó por qué el banco de Lasso era el foco de atención: "Porque las personas naturales que están involucradas en el caso Encuentro no solo tenían sus cuentas bancarias en ese banco, sino que también formaban parte del gobierno del señor Guillermo Lasso".
Añadió que el gobierno anterior no implementó sistemas tecnológicos adecuados contra lavado de activos y que están esperando la llegada de Hernán Luque al país para que rinda versión ante la justicia.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, anunció simultáneamente que fiscalizará a los involucrados en el caso Encuentro sin descartar convocar al expresidente Lasso. Surgió entonces la pregunta: ¿por qué no lo había hecho dos años atrás? ¿Por qué no ha priorizado casos más recientes como Progen?
RESPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO
La operación generó inquietud en el sector financiero. La Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) emitió un comunicado pidiendo calma al mercado, señalando que los requerimientos de información de autoridades son habituales en procesos de control. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) expresó posición similar.
CONTEXTO DE LA REACTIVACIÓN
El caso Encuentro ha permanecido estancado por más de un año. Naim Massuh logró asilo en Colombia hace poco con aparente indiferencia del gobierno ecuatoriano. Hernán Luque Lecaro, por su parte, fue condenado hace días por una jueza argentina a ser extraditado a Ecuador. Sin embargo, expertos señalan que la extradición podría tomar meses o años, pues la magistrada estableció dos condiciones: que concluya su trámite de asilo en Argentina y que la justicia ecuatoriana se comprometa a reconocer los dos años de prisión preventiva cumplidos.
LA RESPUESTA DE LASSO
Tras semanas de silencio político, Guillermo Lasso reaccionó publicando en redes sociales que está siendo víctima de persecución política. Este quiebre en su silencio marca un punto de inflexión en la tensión política nacional.
La simultaneidad de acciones —cobertura mediática, filtraciones de información, pronunciamientos de funcionarios y anuncios de fiscalización— evidencia, según observadores, una coordinación que trasciende investigaciones ordinarias, configurando un escenario de confrontación política que se agudiza en el contexto de tensiones ya existentes en el país.