Gobierno revisa tarifas de transporte inter e intra provincial por eliminación de subsidio al diésel
· Por Orenses.com
El Gobierno Nacional confirmó que está en proceso de revisión de las tarifas del transporte inter e intra provincial en Ecuador, reconociendo que el incremento en los costos operativos, la eliminación del subsidio al combustible en septiembre de 2025 y la volatilidad internacional del precio del diésel obligan a tomar decisiones urgentes sobre el sistema de movilidad en todo el país.
Byrón Franco, viceministro de Servicios y Transporte, señaló en entrevista con LA HORA que el Ministerio trabaja en una nueva estructura tarifaria que no será generalizada, sino que dependerá de variables específicas como la ruta, distancia, frecuencia, demanda histórica y kilómetros recorridos. "No me atrevo a decir un número actual porque se está revisando por ruta, por provincia y por sector para que el ajuste impacte lo menos posible a las personas más vulnerables", indicó el funcionario.
Franco explicó que la eliminación del subsidio al combustible respondió a una estrategia nacional para sanear las finanzas públicas, pero admitió que el escenario internacional cambió drásticamente por el conflicto en Medio Oriente, elevando el precio del diésel hasta niveles cercanos a los cinco dólares por galón. Esto implica que trayectos frecuentes como Quito–Otavalo, Quito–Esmeraldas o Quito–Guayaquil podrían registrar modificaciones distintas según el costo operativo de cada corredor.
Ante la pregunta sobre el impacto especial en comerciantes, estudiantes y trabajadores que utilizan el transporte terrestre como medio cotidiano de sustento, Franco aseguró que "no desconocen la realidad del impacto que tendrá el incremento, pero que el ajuste se realizará pensando en que afecte lo menos posible a las personas más vulnerables".
El viceministro defendió que el servicio público de transporte, aunque cumple una función social, en muchos casos es operado por privados que deben asumir costos crecientes. Detalló que los operadores pagan conductores, afiliación al IESS, mantenimiento, combustible, repuestos, financiamiento de unidades y obligaciones tributarias. "Hoy el servicio público lo da un privado que necesita equilibrio económico para no dejar de operar", expresó Franco. El objetivo es encontrar un punto medio entre tarifa accesible para el ciudadano y sostenibilidad para el operador.
Franco cuestionó la demora de varios municipios, especialmente Quito y Guayaquil, en sentarse a negociar con los transportistas urbanos para actualizar tarifas y evitar nuevas crisis de movilidad. "Esa reunión que tuvieron recién ayer tuvo que haberse dado muchos meses atrás", afirmó al referirse a los diálogos en la capital. La capital vivió jornadas de reducción de frecuencias, largas esperas y complicaciones de movilidad, luego de que operadores urbanos racionalizaron unidades para reducir costos mientras exigían una revisión tarifaria.
El funcionario explicó que existe una diferencia entre la tarifa técnica, calculada con costos reales de operación, y la tarifa socialmente justa, que debe considerar la capacidad de pago ciudadana. Señaló que muchas administraciones revisan estudios tarifarios, pero evitan ejecutar incrementos por el costo político que implican. "Lo han politizado", afirmó.
El Gobierno también impulsa planes de chatarrización para renovar unidades antiguas de transporte público y comercial. El esquema contempla bonos de hasta 23.000 dólares para operadores que entreguen vehículos viejos y los reemplacen por unidades nuevas o seminuevas, además de líneas de crédito con tasas preferenciales cercanas al 9% y plazos de hasta siete años. El programa incluiría buses urbanos, interprovinciales, taxis, transporte escolar, turismo y carga liviana.
Franco anunció que el siguiente paso será desarrollar un programa enfocado en flotas eléctricas, especialmente para grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Indicó que existen conversaciones con organismos multilaterales interesados en financiar procesos de electrificación del transporte público, aunque admitió que aún falta infraestructura clave como electrolineras.
Pese al debate tarifario, el funcionario reconoció que el aumento del pasaje debe venir acompañado de mejoras visibles en unidades modernas, menos contaminación, aire acondicionado, conectividad, accesibilidad universal y mejores frecuencias. En ciudades como Quito persisten quejas por buses deteriorados, emisiones contaminantes y dificultades para adultos mayores y personas con discapacidad. "Si vienes a proponer mejoras en la tarifa, también tienen que entregar mejor calidad de servicio", concluyó Franco.