Más de dos semanas después del terremoto, Ciudad Chávez en Venezuela enfrenta crisis de vivienda y debate sobre calidad de construcción
· Por Orenses.com
Más de dos semanas después del terremoto del 24 de junio, los residentes del complejo residencial Hugo Chávez en Playa Grande, al oeste de La Guaira, continúan recuperando pertenencias entre estructuras colapsadas. Este urbanismo, conocido popularmente como Ciudad Chávez e integrado por 196 edificios de cuatro plantas, es uno de los sectores más afectados de la costa tras el sismo, que dejó un balance nacional aproximado de 4,000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.
Karolyn Sánchez, de 37 años y habitante del tercer piso de uno de los bloques, describe las dificultades para acceder a su vivienda. La planta baja colapsó completamente tras el movimiento telúrico, dejando la estructura remanente inclinada sobre los escombros. Sánchez, quien regresó desde Colombia tras enterarse del suceso, señala que el desalojo de bienes se realiza bajo condiciones de riesgo debido a la inestabilidad de las escaleras y los accesos deformados. En su edificio se registró la muerte de siete personas, y las labores iniciales de rescate fueron ejecutadas por los propios vecinos del sector.
La pérdida de estas viviendas representa para varias familias la repetición de ciclos de vulnerabilidad habitacional. Sánchez ya había perdido su hogar durante el deslave de Vargas en 1999 y posteriormente por las inundaciones de 2005, permaneciendo cinco años en un refugio antes de recibir su apartamento en 2013. Ahora enfrenta nuevamente la incertidumbre de dónde vivirá.
Origen del proyecto y debate sobre infraestructura
El complejo Ciudad Chávez forma parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un programa gubernamental lanzado en 2011 destinado a proveer soluciones habitacionales subsidiadas a sectores de bajos recursos. La construcción del sector de Playa Grande se realizó en colaboración con la empresa constructora turca Summa. De acuerdo con datos del Ejecutivo actual, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el programa ha entregado más de cinco millones de inmuebles a nivel nacional, aunque sectores críticos cuestionan la precisión de dicha cifra.
Tras el sismo del 24 de junio, la resistencia de estos desarrollos estatales ha entrado en debate público. Estimaciones preliminares indican que aproximadamente el 80% de los edificios en Ciudad Chávez sufrieron daños severos o colapsaron, mientras que las estructuras restantes muestran fallas que comprometen su habitabilidad y requerirán demolición.
Cuestionamientos sobre materiales y modificaciones estructurales
Residentes del urbanismo han señalado que el uso de componentes ligeros, como paneles de cartón yeso (drywall) y fibra de vidrio en divisiones internas, redujo la capacidad de las edificaciones para soportar cargas adicionales. Sin embargo, la vulnerabilidad de las estructuras también se vio incrementada por modificaciones posteriores realizadas por los propios habitantes.
Ante las deficiencias en el suministro de agua en la región, múltiples apartamentos contaban con tanques de almacenamiento de gran volumen. Sumado a esto, se instalaron revestimientos de cerámica o mampostería pesada que agregaron carga no prevista en el diseño original.
Enyerber Pernalete, residente de 44 años que habitaba en la planta baja de la torre I-10, sostiene que el refuerzo de bloques de cemento que construyó en su vivienda para protegerse de plagas evitó el desplome total de los niveles superiores de su sección. Pernalete coincide en que el diseño original de los bloques no estaba proyectado para asimilar el peso de los materiales agregados por la comunidad durante la última década.
Esta dualidad —deficiencias de origen en la construcción y alteraciones posteriores de los habitantes— complica el análisis de responsabilidades y señala un problema estructural más profundo: la falta de mantenimiento preventivo y supervisión en proyectos habitacionales de gran envergadura.
Respuestas institucionales y posicionamientos
Frente a las críticas sobre la calidad de las obras de la GMVV, la presidenta encargada Delcy Rodríguez rechazó que los colapsos se deban a fallas de origen en la construcción estatal, atribuyendo los daños exclusivamente a la intensidad del sismo. Según las declaraciones oficiales, el 80% de las estructuras derribadas en todo el territorio corresponde a desarrollos del sector privado.
Por su parte, la constructora Summa emitió un comunicado informando que el proyecto cumplió con las normativas sismorresistentes venezolanas vigentes en 2001, año en que se diseñó la obra, y que el proceso contó con la supervisión de las autoridades locales. La empresa sugirió que la aceleración del terreno durante el terremoto superó los parámetros contemplados en los códigos técnicos de la época y aclaró que no tuvo participación en las modificaciones estructurales o de mantenimiento posteriores a la entrega del complejo.
Situación actual de los damnificados
Actualmente, los damnificados de Ciudad Chávez se dividen entre quienes han sido trasladados a refugios temporales y quienes permanecen en campamentos informales frente a los inmuebles siniestrados debido al temor a réplicas o para resguardar sus pertenencias frente a denuncias de saqueos.
Afectados como Jhaymar Cantillos, de 30 años, cuya familia sufrió heridas durante el colapso de las rejas de su edificio, manifiestan su negativa a volver a residir en estructuras multifamiliares en la región costera, a la espera de una reubicación habitacional por parte del Estado.
La crisis de Ciudad Chávez refleja una realidad más amplia: la intersección entre políticas de vivienda social, estándares de construcción, comportamiento sísmico y adaptaciones informales en estructuras destinadas a poblaciones vulnerables. El debate sobre responsabilidades apenas comienza, mientras cientos de familias enfrentan nuevamente la incertidumbre habitacional.