Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia de Perú en segunda vuelta el 7 de junio
· Por Orenses.com
Tras un mes de escrutinio que se extendió más allá de lo previsto, Perú tiene casi definidos a los dos candidatos que competirán por la presidencia en la segunda vuelta electoral. Con el 99,63% de los votos contados, Keiko Fujimori lidera con el 17% de apoyo, seguida por Roberto Sánchez con el 12%, dejando fuera al conservador Rafael López Aliaga, quien quedó tercero con el 11,9% de los votos.
Esta definición marca el fin de un proceso electoral complejo que comenzó el domingo 12 de abril en Perú y se extendió varios días por problemas logísticos y retrasos en la instalación de mesas de votación. El balotaje presidencial está previsto para el 7 de junio próximo.
Aunque quedan algunos miles de papeletas por contar, los actores políticos y medios peruanos dan por hecho que Sánchez superó a López Aliaga por un margen superior a los 14.000 votos. Sin embargo, la proclamación oficial debe venir del Jurado Nacional de Elecciones, que realizará el conteo definitivo en las próximas semanas.
Un voto fragmentado marca la primera vuelta
La jornada electoral de abril estuvo caracterizada por una fragmentación del voto sin precedentes. Más de 30 candidaturas compitieron, y ninguna logró superar el 20% de apoyo. Esta dispersión refleja la profunda fragmentación política que atraviesa Perú, donde los votantes se encuentran distribuidos entre múltiples opciones sin que exista un candidato dominante.
Keiko Fujimori: la heredera del fujimorismo en su cuarta intención presidencial
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, llega a esta segunda vuelta tras tres derrotas electorales previas en 2011, 2016 y 2021. Su persistencia la ha convertido en una de las pocas figuras duraderas en una política peruana que en los últimos años ha devorado dirigentes al ritmo de los escándalos de corrupción.
Fujimori enfrentó sus propios problemas legales: fue investigada por lavado de activos en el caso Odebrecht, incluso pasó por la cárcel, pero el Tribunal Constitucional archivó finalmente el caso, permitiéndole ser candidata nuevamente.
Nacida en 1975, Keiko asumió el rol de primera dama cuando el matrimonio de sus padres se rompió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tras estudiar Administración de Empresas en Estados Unidos, regresó a Perú y se dedicó plenamente a la política. Fue elegida congresista en 2006, cuando su padre ya estaba detenido en Chile.
Esta es la primera campaña presidencial de Keiko tras la muerte de su padre en 2024. Durante esta contienda, intentó rentabilizar aún más su legado político, apelando a la nostalgia de los votantes que asocian al régimen fujimorista con orden y estabilidad. Su lema electoral, "vuelve el orden", refleja esta estrategia.
Sin embargo, el legado de Alberto Fujimori genera división en Perú. Si bien sus admiradores lo recuerdan como un líder decidido que estabilizó el país durante la crisis económica y la violencia de Sendero Luminoso en los años noventa, muchos peruanos recuerdan también las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mandato y los duros recortes de sus reformas económicas. Alberto Fujimori pasó alrededor de 16 años en prisión tras ser condenado por crímenes de lesa humanidad.
Entre las propuestas de Keiko para un hipotético gobierno están la construcción de megacárceles de máxima seguridad y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas que reflejan su énfasis en el endurecimiento de políticas de seguridad.
El escenario que heredará el próximo presidente
Quienquiera que gane en junio enfrentará un país marcado por la creciente desconfianza hacia las instituciones. Perú ha tenido nueve presidentes en los últimos diez años, un reflejo de la inestabilidad política crónica que golpea al país.
Además, la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad peruana, alimentada por el aumento del crimen organizado, la extorsión y la violencia urbana.
El nuevo presidente también deberá gobernar con un Congreso que vuelve a ser bicameral tras la reforma constitucional aprobada en 2024, lo que complejiza aún más la gobernanza. El Congreso mantiene la facultad de destituir al presidente mediante la vacancia presidencial si cuenta con los apoyos necesarios, un mecanismo que ha sido utilizado frecuentemente en años recientes.
Este escenario anticipa dificultades significativas de gobernabilidad para quien resulte elegido en la segunda vuelta de junio.