Gobierno prorroga compensaciones al transporte hasta junio: qué pasa después y cómo impacta en el bolsillo de los orenses
· Por Orenses.com
El Gobierno de Daniel Noboa prorrogó las compensaciones al transporte inter e intraprovincial mediante el Decreto Ejecutivo 378, firmado el 8 de mayo, extendiendo las transferencias a propietarios de buses hasta el 15 de junio. Esta es la tercera reforma a un mecanismo creado en septiembre de 2025, cuando se eliminó el subsidio al diésel, decisión que desencadenó una cadena de ajustes en toda la economía ecuatoriana.
Desde entonces, el Estado ha desembolsado 77,5 millones para compensar a unos 57.000 transportistas. Para los buses urbanos, las compensaciones terminaron en abril y el Gobierno trasladó esa responsabilidad a los municipios, generando una dispersión de respuestas en todo el país.
La geografía del conflicto es desigual. En Loja subieron el pasaje de $0,30 a $0,36. En Cuenca optaron por mantener la tarifa con un subsidio municipal de $0,10 por usuario. En Guayaquil y Ambato el debate sigue abierto sin acuerdo. En Quito, donde 57 de 64 cooperativas no operaron el 5 de mayo como medida de presión, transportistas y el Municipio acordaron mesas técnicas desde el 13 de mayo para discutir tarifa, modelo de gestión y renovación de contratos. El ministro Roberto Luque fue claro: la tarifa urbana "depende de los gobiernos autónomos descentralizados".
El origen: un galón de diésel que casi se triplica
Todo comenzó en septiembre de 2025 cuando se eliminó el subsidio al diésel. El galón pasó de ,80 a $2,80 y, desde entonces, el sistema de bandas ha empujado el precio al alza. Desde el 12 de mayo, el galón cuesta $3,10, un incremento acumulado del 72%. Los transportistas consumen alrededor de 700 galones mensuales por unidad y sostienen que sus costos reales por pasajero llegan a $0,65, el doble del $0,35 que cobran hoy en ciudades como Quito, donde el pasaje está congelado desde 2019.
Pero el impacto del diésel no se limita al pasaje de bus. Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, advierte que la conexión con los precios de toda la economía es directa: "Al haber compensaciones en el transporte público eso minimiza el impacto, pero si esto se demora un poco más, al final del día terminará impactándonos en el precio de los alimentos". El transporte pesado —que moviliza bienes de consumo masivo desde las fincas hasta los mercados— no recibe compensaciones estatales. Cada alza del diésel se traduce en un recargo sobre el flete.
El riesgo real: pobreza silenciosa
David Vera, decano de la UIDE y exdirector del INEC, explica que el pasaje está en el top cinco de los productos con más peso dentro de la canasta de inflación. Un alza del pasaje podría subir la inflación cerca de un punto porcentual, llevándola del 2,3% actual a entre el 3,5 y el 4%. Pero ese número no cuenta la historia completa: "La inflación no es una medida de bienestar desde los hogares", advierte.
El deterioro real es asimétrico. Una familia del quintil más bajo gasta entre el 40 y el 50% de su presupuesto en alimentos y transporte, mientras una del quintil más alto no llega al 8%. En marzo de 2026, la canasta familiar básica llegó a $829,38 y consumió el 92% del ingreso familiar promedio, dejando un margen de apenas $70 al mes.
Andrés Mideros, profesor investigador de Flacso Ecuador, advierte que ese promedio oculta una realidad más dura: "El 60% de los hogares no logra cubrir el costo de la canasta básica". Sin compensaciones, proyecta que ese porcentaje subirá a entre el 65 y el 70%, y la pobreza escalará del 20% al 23 o 24%.
Cuando sube el pasaje, ¿qué deja de pagarse?
Mientras más pobre es una familia, más lejos vive. La clase baja debe tomar dos y hasta tres buses. "Multiplíquele esto por una familia tipo de cuatro personas: esto va a tener un impacto bastante importante en el gasto del hogar", explica Vera.
Y cuando hay que elegir entre el pasaje y la comida, el ajuste no es en el transporte sino en el plato: se baja la calidad del consumo de alimentos. Mideros agrega que cuando los hogares pobres enfrentan aumentos de costos, no recortan el transporte —sin bus no hay trabajo ni escuela— sino las inversiones de mediano plazo en educación y salud. "Los hogares en situación de pobreza priorizan aquello que garantiza poder subsistir el presente cada día", sostiene.
Fátima, trabajadora doméstica con salario de $482, gasta $59 mensuales —el 12%— solo en transporte. Si el pasaje sube, ese monto crece y el recorte cae sobre la comida, la salud o la educación de sus hijos.
Junio, punto de quiebre
Las compensaciones vencen el 15 de junio sin que haya una solución estructural a la vista. La prórroga postergó la decisión, pero el diésel sigue subiendo y los transportistas operan a pérdida. Los municipios deberán definir entre subir el pasaje, subsidiar el sistema o arriesgarse a nuevas paralizaciones. Cualquiera de esas opciones tiene un costo que, al final, recae sobre quienes menos pueden pagarlo.