Lavado de activos: el delito común en casos de connotación nacional que el Estado combate desde múltiples frentes
· Por Orenses.com
El lavado de activos se ha convertido en el denominador común de los principales casos penales de connotación nacional que investiga Ecuador. Desde Goleada hasta Laberinto, pasando por Blanqueo Fito, Comandos de Frontera, Blindado y BB, este delito figura en todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional y la Función Judicial persiguen activamente.
Este delito, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), consiste en ocultar el origen ilícito de dinero para que parezca ganado legalmente. Funciona en tres fases claramente identificadas: primero, el ingreso del dinero al sistema financiero nacional mediante depósitos fraccionados, compras en efectivo o pagos a empresas; segundo, el ocultamiento del rastro a través de transferencias continuas y giros entre cuentas fachada que borran la procedencia original; y tercero, el retorno de este dinero a la economía legal mediante la adquisición de bienes, vehículos o empresas.
La normativa sanciona con penas de cinco hasta veintidós años de cárcel, dependiendo del monto o la gravedad de la comisión del delito. Además, contempla multas equivalentes al quíntuplo del monto de los activos del delito, así como la disolución y liquidación de la empresa creada para cometerlo.
Para combatir este flagelo, el Estado ha implementado varias estrategias coordinadas. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lanzó recientemente la campaña «Rompe el esquema: denuncia el lavado de activos», que hasta finales de septiembre recogió más de 300 denuncias ciudadanas, en su mayoría relacionadas con equipos de fútbol.
La Fiscalía cuenta con dos unidades especializadas: la Unidad de Antilavado de Activos, creada el 15 de julio de 2017, que enfoca sus esfuerzos en prevenir y sancionar este delito así como en la recuperación de activos; y la Unidad de Investigación Especializada Selecta Contra el Lavado de Activos, creada el 3 de agosto de 2021, que dirige investigaciones preprocesal y procesal penal. En su informe de labores de 2025, la Fiscalía enlistó 31 casos activos donde se investiga este delito.
En junio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que reemplazó la normativa vigente desde 2016. Su reglamento fue publicado en julio de 2025, permitiendo que la ley entrara en vigencia. Esta normativa creó el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conflact) e implementó medidas adicionales a través de la UAFE.
Entre los casos más relevantes está Laberinto, donde la Fiscalía formuló cargos en octubre de 2026 contra Luisa González, excandidata presidencial; Santiago Díaz Asque, asambleísta suspendido; y Estefanía Molina Freire y Wendy Onofre Gaibor, por presuntas irregularidades en el financiamiento político de la campaña de 2023. La investigación reveló movimientos de aproximadamente $500.000 a través de empresas fachada vinculadas al comercio ilegal de hidrocarburos.
En Comandos de Frontera, quince personas, incluido Roberto Carlos Vera Álvarez (Gerente), cabecilla del grupo delictivo, fueron sentenciadas en septiembre de 2026 por movilizar aproximadamente $397,8 millones de origen narcotraficante a través de empresas fachada.
El caso Blanqueo Fito evidenció que el entorno familiar de Adolfo Macías Villamar, líder de Los Choneros, blanqueó 7,3 millones entre 2016 y 2024. En Goleada, están procesados 26 investigados, incluyendo el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez y su familia, acusados de conformar una estructura empresarial relacionada con la comercialización irregular de combustibles.
El caso BB involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, quien habría movilizado más de $9 millones sin justificación sobre su origen, presuntamente mediante actividades de minería ilegal. Mientras tanto, en Blindado, el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís es procesado por presunto lavado de $7,5 millones.
Estas investigaciones cuentan con el apoyo de redes internacionales que permiten detectar la propiedad, posesión y transferencia de activos producto de delitos, garantizando que se apliquen las sanciones correspondientes.