Más de 60 viajes al extranjero en 10 años influyeron en orden de prisión contra Luisa González
· Por Orenses.com
La Fiscalía General del Estado argumentó que Luisa González realizó más de 60 salidas del país en los últimos tiempos para fundamentar la solicitud de prisión preventiva en su contra, alegando un potencial riesgo de fuga. El juez Harry Navarrete acogió este argumento y dictó la medida cautelar contra González, el exasambleísta Santiago Díaz y la dirigente del movimiento Reto, Wendy Onofre, todos procesados por lavado de activos.
Esefanía Molina, asesora de González, recibió una medida menos restrictiva: presentación periódica ante la justicia, prohibición de salir del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
González rechazó las acusaciones en la audiencia, señalando que la fiscal "engañó" al juez al no aclarar que estos 60 viajes se realizaron durante más de 10 años, no en un período reciente. "La señora fiscal intenta engañar a su señoría, dando una información a medias", manifestó la dirigente de la Revolución Ciudadana.
La procesada argumentó que desde enero de 2026, cuando fue allanada por primera vez en el caso Caja Chica, ha viajado al extranjero en varias ocasiones y siempre ha regresado, incluso cuando enfrentaba amenazas del entonces ministro del Interior John Reimberg. "Pude haberme ido desde el 28 de enero, pero no lo hice. He salido varias veces y en todas he regresado", enfatizó.
González indicó que enfrenta 19 procesos penales, pero ha decidido defenderse presencialmente porque se considera víctima de persecución política. Según sus publicaciones en redes sociales, desde enero realizó una gira internacional que incluyó Colombia, Uruguay, España y México.
Mientras estaba detenida en el Cuartel Modelo de Guayaquil, González grabó un audio dirigido a la militancia, asegurando que jamás pensó en huir y que seguirá luchando. "Jamás pensé en irme, siempre me he quedado aquí y seguiré aquí, porque todo pasa, y este narcogobierno pasará también", afirmó.
La Fiscalía acusa a los cuatro procesados de recibir 500 mil dólares para la campaña presidencial de 2023, fondos que presuntamente provenían de la comercialización ilegal de hidrocarburos de la empresa Ternape, vinculada al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien fue condenado a seis años y ocho meses en el caso Triple A por este delito.
La investigación, denominada caso Laberinto, cuenta con chats, transferencias, facturas y testimonios de una fuente protegida que, según la Fiscalía, demuestran que los recursos se canalizaron mediante simulación de conceptos comerciales para financiar la campaña electoral, pagando brigadistas, movilización y logística, incluido el cierre de campaña.